Un gabinete de crisis se reunió este lunes en Francia para evaluar los disturbios y saqueos ocurridos durante el fin de semana, considerados algunas de las peores escenas de desorden público en la historia moderna del país. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, intentó presentar su dimisión, según anunció el Palacio del Elíseo, pero el presidente Emmanuel Macron le pidió que se quedara para mejorar la seguridad en las calles y llevar ante la justicia a los responsables de la violencia.
Más de medio millón de personas, en su mayoría de manera pacífica, protestaron el sábado contra el aumento del costo de vida y la disminución del acceso a servicios públicos de calidad, incluida la educación. Sin embargo, la situación se tornó violenta con la aparición de grupos de activistas y vándalos vestidos de negro y con el rostro cubierto. Se estima que 1.500 tiendas y negocios fueron saqueados o destruidos. La policía antidisturbios utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua, y en varios lugares golpeó a manifestantes con porras. El Ministerio del Interior informó que alrededor de 1.000 policías resultaron heridos, siete de ellos de gravedad.
Interrogantes y tensión política
La presidenta de la Cámara Baja, Yaël Braun-Pivet, declaró su intención de abrir una investigación para esclarecer los hechos. El primer ministro, Lecornu, quien encabezó la reunión de crisis, indicó que ha pedido a los prefectos establecer toques de queda parciales y localizados para proteger los comercios. El discurso televisado de Macron, donde llamó a la unidad nacional, fue criticado en los medios por carecer de detalles concretos sobre cómo se exigirán responsabilidades a los vándalos, cómo se compensarán a las empresas afectadas y cuándo se iniciará el diálogo con los sindicatos sobre educación.
La tensión política se agudiza de cara a las elecciones presidenciales programadas para dentro de seis meses. Marine Le Pen, candidata de la derecha nacionalista, culpó a la administración de Macron, mientras que Jean-Luc Mélenchon, de la izquierda radical, alegó incompetencia gubernamental. Sophie Binet, secretaria general del sindicato CGT, acusó al presidente de no abordar las preocupaciones de los estudiantes ni la crisis del costo de vida.
