En comunicado conjunto, 18 ex presidentes de América Latina y España apelan de nuevo a las gestiones del Papa Francisco para resolver la crisis política venezolana. El grupo emite este jueves 27 de julio un documento en el que califica al Gobierno venezolano de ´narco-dictadura´ y deplora los actos de represión hacia los ciudadanos.
A continuación cita textual del documento:
Los 18 ex Jefes de Estado y de Gobierno firmantes de las declaraciones de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) hacen un nuevo alerta ante los gobiernos de los Estados partes de la Organización de Estados Americanos, acerca del clima de abierta represión y de afirmación de la narco-dictadura de Nicolás Maduro Moros en Venezuela – como la muestran los informes del Secretario General de la OEA – mediante una violencia inaudita, con desprecio sin precedentes por los elementos esenciales de la democracia y los componentes fundamentales de su ejercicio, tal y como los enuncia la Carta Democrática Interamericana.
Los gobernantes democráticos del Continente y los europeos son conscientes del esfuerzo de lucha pacífica y democrática que despliega el pueblo venezolano para defender sus libertades, a cuyo efecto, en rechazo de lo anterior y de la grave crisis humanitaria que a la vez le afecta, optó por la realización de una consulta popular legítima el pasado 16 de julio – el ejercicio del voto frente a la agresión de las armas de quienes le oprimen – ordenada por la Asamblea Nacional en ejercicio de sus competencias constitucionales y que ha implicado un triple mandato afirmativo de la soberanía: (1) La orden dirigida a Nicolás Maduro Moros, para que suspenda la inconstitucional asamblea constituyente corporativa que ha convocado de forma unilateral, desconociendo el principio del voto universal, directo y secreto, para el venidero día 30 de julio; lo que han denunciado igualmente las instituciones y academias más reconocidas del mundo en materia constitucional; (2) la exigencia a la Fuerza Armada para que respete el orden constitucional y su legalidad democrática; y (3) el mandato para que se proceda a la renovación de los poderes públicos de acuerdo a lo establecido a la Constitución, y a la realización de elecciones libres y transparentes así como la conformación de un gobierno de unidad nacional para restituir el orden constitucional.
