El Banco Central de la República Argentina dio de baja este viernes la billetera virtual de Sur Finanzas, la financiera vinculada a Ariel Vallejo, en una decisión que cerró el registro de la empresa como proveedora de servicios de pago con cuentas de pago.
La medida quedó asentada en una resolución firmada por Juan Curuchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, y se apoyó en que Sur Finanzas PSP SA no registraba operaciones desde enero de 2026, un período de inactividad que superó los 180 días.
La inactividad y las inconsistencias detectadas
El Banco Central sostuvo que una empresa habilitada como proveedora de servicios de pago puede ofrecer cuentas virtuales, recibir y realizar transferencias y administrar pagos electrónicos, aunque esa inscripción no equivale a una licencia bancaria.
En su análisis, el organismo remarcó además que la firma declaró no haber realizado operaciones durante un lapso en el que la propia supervisión detectó movimientos por millones de transferencias y montos multimillonarios. Solo en julio de 2025, según los movimientos verificados en las entidades con las que operaba, Sur Finanzas registró 2.999.117 transferencias por 393.871 millones de pesos.
El Banco Central también indicó que, en septiembre de 2026, la empresa presentó declaraciones juradas tardías en las que aseguró no haber tenido operaciones entre julio de 2025 y agosto de 2026. Sin embargo, los inspectores hallaron movimientos significativos hasta noviembre de 2025 en el Banco Industrial y hasta el 3 de diciembre de ese año en el Banco Hipotecario.
A eso se sumó que la compañía dejó de presentar los informes obligatorios desde julio de 2025 y tampoco entregó toda la documentación requerida por los organismos de supervisión. La resolución destacó que esos incumplimientos comenzaron antes de las restricciones judiciales que luego la empresa invocó para explicar la falta de información.
Dato clave
En julio de 2025, Sur Finanzas registró 2.999.117 transferencias por 393.871 millones de pesos.
El frente judicial de Vallejo
La exclusión del registro se produce mientras la actividad financiera de Vallejo permanece bajo investigación de la Justicia federal de Lomas de Zamora. El juez Juan Tomás Rodríguez Ponte lo procesó como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada a maniobras de lavado de dinero, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
En esa causa, el magistrado dispuso un embargo de 40 mil millones de pesos sobre sus bienes y convirtió en prisión domiciliaria, con tobillera electrónica, la detención que había recaído sobre el empresario. La medida alcanza una vivienda en el barrio Fincas de San Vicente.
Rodríguez Ponte también procesó a la madre de Vallejo, Graciela Beatriz Vallejo, por los mismos delitos atribuidos a su hijo, salvo la jefatura de la asociación ilícita, y le impuso otro embargo de 40 mil millones de pesos. La resolución además incluyó a otras personas y a varias sociedades vinculadas con la investigación.
Para el Banco Central, mantener a Sur Finanzas en el registro oficial implicaba sostener la autorización de una firma que dejó de desarrollar la actividad para la que había sido inscripta y que, además, no acreditó condiciones para retomar el servicio ni reconstruir con claridad sus operaciones previas.
El organismo concluyó que esa situación representaba un riesgo para la integridad y confiabilidad del sistema de pagos.
La causa que rodea al financista
Vallejo es señalado además como cercano a Claudio Tapia, presidente de la AFA, en un caso que sumó presión sobre su entramado empresarial. La investigación judicial intenta establecer cómo funcionaba el circuito financiero, quiénes aportaban fondos, quiénes eran sus destinatarios finales y qué operaciones tuvieron una justificación económica legítima.
La Superintendencia también tomó en cuenta una medida cautelar dictada en marzo de 2026, que impuso limitaciones sobre la situación de la sociedad y de sus accionistas. Según la resolución, esas restricciones profundizaron los cambios en las condiciones exigidas para conservar la inscripción como proveedora de servicios de pago.
