La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba condenó a dos empresarios por un fraude a la Seguridad Social vinculado a la hostelería que dejó un perjuicio de 606.615,31 euros, según la sentencia dictada en primera instancia.

El fallo impone tres años de prisión al principal condenado, identificado como Á.V.C.Á., y dos años al segundo, J.U.N., a quien la sala describe como un tercero interpuesto para ocultar la gestión real del negocio. Además, ambos quedaron inhabilitados durante cinco años para recibir subvenciones, ayudas públicas y beneficios fiscales o de la Seguridad Social.

Un entramado societario durante ocho años

La resolución sitúa los hechos entre 2013 y 2021. Según lo probado, el principal condenado manejó un entramado societario en el sector hostelero que dejó de pagar de forma sistemática las cuotas de sus trabajadores y también sus propias cuotas de autónomo.

Por ese primer delito, la sentencia le impone dos años de prisión y una multa de 300.000 euros. Por no abonar sus cuotas de autónomo, le añade un año más y otra multa de 300.000 euros.

El texto judicial también da por acreditado que se cobraron eventos en dinero negro. En paralelo, la sala absuelve a los acusados de un delito de frustración de la ejecución y rechaza que ambos, junto con la hija del principal condenado y otra persona, hubieran ocultado bienes para eludir el pago.

Multas, indemnizaciones y rebaja de las penas

En total, las multas alcanzan 900.000 euros: 600.000 euros para el principal condenado y 300.000 para J.U.N. En lo civil, el primero debe indemnizar a la Tesorería General de la Seguridad Social con 361.896,06 euros y el segundo con 244.719,25 euros, lo que suma la cantidad defraudada de 606.615,31 euros.

La Fiscalía había pedido 23 años de cárcel para cuatro acusados, entre ellos 10 años para el principal y 7 para el segundo. Sin embargo, en el juicio rebajó su petición a 4 y 3 años, tras apreciar la atenuante de reparación del daño en quienes habían abonado parte de la responsabilidad civil.

El Código Penal castiga la defraudación a la Seguridad Social cuando las cuotas impagadas superan los 50.000 euros en cuatro años naturales, y agrava el castigo cuando se superan los 120.000 euros o se utilizan personas interpuestas.

La sentencia es recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. A 9 de noviembre no se había informado de si fue apelada ni de si los condenados ingresarán en prisión; la defensa pidió suspender la ejecución y presentó un calendario de pagos a la Seguridad Social.

El principal condenado consta con un ingreso previo de 40.000 euros y el compromiso de pagar 2.000 euros al mes para cubrir la deuda pendiente.