Bogotá (PL) – Calificada de extraordinaria por el Gobierno colombiano, una megaoperación facilitará la llegada de más de seis mil miembros de las FARC-EP a los sitios previstos para el desarme de esa guerrilla.
Los desplazamientos desde los escenarios de preagrupamiento -ubicados en parajes casi inaccesibles del territorio nacional- hasta los campamentos provisionales donde permanecerán varios meses, fueron esbozados en Cuba y puntualizados aquí.
A fin de garantizar los mismos fue preciso contratar el servicio de lanchas, camiones, camionetas, buses e incluso chivas, medio de transporte típico de Colombia, con los cuales los guerrilleros sortean los obstáculos de las travesías por caminos y caudalosos ríos.
Inicialmente el Ejecutivo y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) previeron terminar el 31 de enero los movimientos de tropas hasta 26 lugares de 14 departamentos en los cuales los antiguos combatientes entregarán las armas y prepararán su reintegración a la vida civil.
Lo abrupto del terreno y la envergadura de los procedimientos en los que es preciso transportar también armamento y otros elementos como estufas y tiendas de campaña, provocaron algunos atrasos, explicó el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, en rueda de prensa.
Lo importante -enfatizó- es que las FARC-EP están entrando en los parajes ideados para su concentración durante varios meses y que el proceso pacificador avanza.
Efectivos de la Fuerza Pública garantizan la seguridad de esos insurgentes, quienes son acompañados por observadores del mecanismo de supervisión, el cual corrobora el cumplimiento del cese el fuego bilateral.
Tal aparato está compuesto por portavoces del grupo rebelde, voceros gubernamentales y una misión política coordinada y financiada por Naciones Unidas.
Según las proyecciones a más tardar el 2 de febrero estarán ya en los campamentos temporales unos seis mil 300 guerrilleros para construir sus alojamientos.
El pasado 24 de noviembre el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC-EP, Timoleón Jiménez, firmaron el pacto definitivo con el que se comprometieron a terminar el largo conflicto entre ambas partes luego de casi cuatro años de pláticas en la capital cubana.
Dicho consenso contempla medidas como el silencio de los fusiles junto a la destrucción o abandono del armamento en poder de la agrupación rebelde, la mayor del país; última fase que transcurrirá en las zonas y puntos (esos últimos menores que las primeras).
No obstante la demora inicial en la preparación de los escenarios de transición, la guerrilla decidió cumplir con el compromiso de trasladarse hasta allí e impulsar su habilitación.
Tras la firma de la paz con las FARC-EP, verdadero suceso de 2016, el reto ahora es implementar todo lo concertado.
Adecuar tales espacios es prioridad a comienzos de 2017, labores con retraso y que requieren de un esfuerzo adicional.
Además de crear condiciones dignas a fin de que los miembros de ese movimiento puedan vivir por unos meses, proteger a esos hombres y mujeres es otro de los imperativos en momentos cuando aumentan las alertas sobre un incremento de la presencia paramilitar en varios departamentos.
Políticos, líderes sociales y activistas insisten en la necesidad de desmontar efectivamente el paramilitarismo, considerado el mayor peligro para el llamado período de postconflicto.
Fuentes oficiales afirman que el pasado año resultaron blanco de homicidios unos 52 defensores de derechos humanos, panorama al que se suman las amenazas y atentados contra militantes de la plataforma Marcha Patriótica.
Tales hechos violentos ensombrecen los esfuerzos a favor de la distensión, advierten analistas.
Una vez concluido el desarme, las FARC-EP constituirán un partido en el que -anticiparon- serán bienvenidos todos quienes quieren un cambio positivo para Colombia, con soberanía y mayor equidad.
En busca de una paz completa resta comenzar diálogos formales con el también guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN), reuniones que empezarán en Quito, Ecuador, el siete de febrero próximo.
A partir de una agenda de seis puntos, esa segunda mesa de concertación apuesta a una participación ciudadana superior con el propósito de conceder legitimidad desde el principio a las discusiones y los convenios de ellas emanados.
Colombia vive un momento trascendental, opinó Jaramillo.
