La defensa de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro, reiteró este miércoles su petición de libertad bajo fianza ante el agravamiento de sus problemas de salud durante su encierro en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC).

Según las actas judiciales, los abogados de la exdiputada de la Asamblea Nacional detallaron que, desde su detención, ha sufrido una racha de 33 latidos de taquicardia ventricular, un episodio de 30 minutos de intensa opresión torácica —sin análisis clínicos posteriores—, pérdida de peso y la caída de dos molares.

Deterioro de salud en prisión

Los abogados destacaron que, antes de su detención, su afección cardíaca era estable y se controlaba con una inyección mensual. Ahora, vinculan sus nuevos problemas de salud a la operación militar estadounidense del 3 de enero, en la que ella y Maduro fueron capturados en Caracas y trasladados a Nueva York.

El equipo médico del MDC propuso practicarle un cateterismo, pero Flores solicitó más información sobre el procedimiento. Sus defensores argumentan que «la prisión dista mucho de ser un lugar ideal para recuperarse de una intervención cardíaca».

Además, la ex primera dama llegó al centro de detención con heridas en la frente y otras lesiones, y pasó sus primeros tres meses en régimen de aislamiento.

Respuesta a la Fiscalía y cargos pendientes

La defensa respondió así a la oposición de la Fiscalía, que considera que existe un riesgo de fuga «extremo» y que Flores representa un «peligro para el público». Sus abogados rechazan esta posibilidad al tratarse de una mujer de 69 años con una afección cardíaca no tratada, que enfrenta un procedimiento invasivo y, probablemente, una intervención posterior.

También refutaron la idea de que Flores podría «comprar su libertad», recordando que «no dispone de fondos para sufragar su defensa», algo que ha declarado bajo pena de perjurio.

El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto para el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos por conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas. Ambos han pedido desestimar el caso bajo el argumento de la inmunidad soberana.

De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.