El presupuesto ambiental sigue rezagado en Bolivia, mientras el país pierde bosques y las áreas protegidas reciben montos mínimos.
Bolivia, uno de los países más golpeados por la pérdida de bosque primario, cerró 2026 con un presupuesto ambiental que sigue lejos de compensar la deforestación, los incendios y la presión sobre sus áreas protegidas.
Presupuesto mínimo para ambiente y áreas protegidas
El análisis de los presupuestos de los últimos 16 años muestra que la cartera ambiental no ha tenido un incremento sostenido. En ese período, el promedio asignado fue de 0,56 % del presupuesto nacional, con un pico de 0,97 % en 2022 y un mínimo cercano a 0,31 % en 2015.
Para 2026, el Viceministerio de Medio Ambiente recibió 56.409.789 bolivianos, equivalentes a 5,1 millones de dólares, apenas el 0,01 % del presupuesto total. Al Servicio Nacional de Áreas Protegidas se le asignaron 73.819.217 bolivianos, más de 6 millones de dólares, lo que representa el 0,02 % del total nacional. En conjunto, las partidas ambientales apenas llegaron al 0,89 % del presupuesto nacional, unos 11,8 millones de dólares entre ambas dependencias.
El cierre del Ministerio de Medio Ambiente y Agua a finales de 2025 y su reducción a viceministerio dentro del Ministerio de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua también marcó el ajuste institucional del área.
Cecilia Requena, diputada de Alianza Unidad, calificó esos montos como una señal de “ceguera insistente” y sostuvo que la eliminación del ministerio empeoró la gestión ambiental. Pablo Solón, director de la Fundación Solón, afirmó que ningún gobierno de las últimas tres décadas priorizó el sector y que la falta de política pública se refleja en la ausencia de programas para frenar la pérdida de bosques.
Solón sostuvo además que Bolivia perdió cerca de 12 millones de hectáreas en 2024 por los incendios, el año más crítico para el país, y cuestionó que las medidas oficiales se concentren en reaccionar cuando el fuego ya avanza. También señaló que la expansión de la frontera agropecuaria, la ganadería y las leyes que facilitan la devastación siguen entre las causas de fondo.
Leonardo Tamburini, director de Oré, advirtió que mientras el presupuesto ambiental baja, ganan peso las políticas favorables al agronegocio y la ganadería. Recordó que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra fue creada para supervisar el uso sostenible de los recursos forestales, pero cuestionó que la recaudación por multas no se traduzca en más capacidad de control y fiscalización.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
