El Pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador conocerá y resolverá este jueves 29 de octubre un informe sobre denuncias de precariedad laboral y presuntas irregularidades en contratos de aseo de la Empresa Pública Municipal de Aseo de Cuenca (EMAC EP).

El documento, elaborado por la comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, presidida por el asambleísta Ecknner Recalde, advierte posibles casos de tercerización laboral, incumplimientos en salarios y aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), además de dudas sobre la adjudicación y supervisión de varios contratos de limpieza.

Denuncias por tercerización y pagos pendientes

La fiscalización arrancó en junio de 2026, cuando el asambleísta Anthony Becerra pidió investigar la situación laboral de las llamadas “hormiguitas chúas”, ante denuncias de precariedad, tercerización y presuntos abusos.

Según las comparecencias recogidas por la comisión, el problema se remonta a la creación de la EMAC EP, en 1998. El abogado de los trabajadores sostuvo que distintas administraciones habrían sostenido por años un esquema de contratación mediante empresas privadas para labores de barrido de calles, limpieza de veredas y mantenimiento de parques.

Entre las denuncias figuran retrasos en el pago de salarios, aportes pendientes al IESS, multas consideradas excesivas, presunta falsificación de firmas, cobros de dinero o exigencias de regalos, posibles casos de acoso sexual y despidos de trabajadores que sufrieron accidentes.

El informe plantea que estas denuncias deben ser verificadas por las instituciones competentes para establecer si existieron infracciones y responsabilidades.

Señalamientos sobre 16 contratos por 11,6 millones de dólares

El documento pone bajo observación la adjudicación de contratos de aseo municipal por un total de 11′657.577,34 dólares. De los 16 contratos examinados, la comisión identificó posibles relaciones familiares o empresariales en 13. En 11 de ellos, por 8′259.109,34 dólares, dice haber hallado vínculos respaldados por información documental.

Entre los casos mencionados están los consorcios SM Zona A y Aloja, cuyos integrantes tendrían una relación de padre e hijo. Ambos se relacionan con contratos de recolección que suman 4′080.211,34 dólares. El informe también menciona posibles relaciones entre los consorcios Tarqui y Yanuncay, entre los hermanos Serrano León y en contratos para el barrido de tres zonas urbanas adjudicados a una misma persona.

Otros dos contratos, vinculados con el Consorcio TREE y el Centro Histórico, por 2′571.339 dólares, presentan coincidencias de apellidos que aún deben verificarse. En los tres contratos restantes, por 827.129 dólares, no se encontraron vínculos.

La comisión también detectó posibles problemas en los requisitos exigidos a las empresas participantes y en las razones usadas para declarar desiertos algunos procesos de contratación.

Por eso pide a las instituciones de control verificar la identidad de las personas involucradas y determinar si hubo acuerdos entre empresas, conflictos de interés u otras prácticas que afectaran la competencia.

Qué pide el informe a las autoridades

El texto recomienda que el Municipio de Cuenca y la EMAC EP terminen el estudio anunciado para contratar directamente a los trabajadores que realizan el barrido de calles, la limpieza de veredas y el mantenimiento de parques. También plantea que, si el mismo problema se comprueba en la recolección y el transporte de basura, la medida se extienda a esas labores.

Mientras se concreta una solución, recomienda exigir a las empresas contratistas el pago de salarios y aportes al IESS antes de recibir nuevos desembolsos. También pide buscar alternativas para que las trabajadoras que quedaron desempleadas puedan continuar laborando y revisar los mecanismos de contratación para evitar posibles cobros indebidos.

A la Contraloría se le solicita analizar los contratos y determinar si hubo fallas en selección, adjudicación y supervisión. Al Ministerio del Trabajo, acelerar las inspecciones pendientes, revisar los pagos a los trabajadores y verificar las denuncias presentadas.

El informe también propone remitir documentación a la Fiscalía General del Estado para que evalúe si corresponde abrir una investigación sobre presunto acoso sexual, cobros indebidos y posible ocultamiento de la identidad de quienes estarían detrás de determinados contratos.

Otras recomendaciones van al Servicio Nacional de Contratación Pública, la Superintendencia de Competencia Económica, el IESS y otras instituciones para que revisen los contratos, las relaciones entre las empresas y el cumplimiento de las obligaciones laborales.

Finalmente, la comisión plantea que la Asamblea exhorte al Municipio de Cuenca y a la EMAC EP a corregir los problemas detectados y que otros municipios del país revisen sus sistemas de contratación para el personal de aseo y limpieza.