La Asamblea Nacional de Ecuador ofrece «indultos» necesarios para la lucha contra la violencia
La Asamblea Nacional de Ecuador ha expresado su respaldo a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y demás funcionarios encargados de mantener la seguridad y la paz en el país. Ante la ola de violencia que ha sacudido a Ecuador en los últimos días, el Poder Legislativo anunció que adoptará «indultos o amnistías» en los casos que sean necesarios para garantizar que puedan cumplir su tarea.
Un pronunciamiento publicado en la red social X, antes Twitter, reitera el compromiso de trabajar en unidad, sin importar las diferentes corrientes políticas e ideológicas, en respuesta a los recientes ataques perpetrados por grupos criminales que el gobierno ha calificado como «terroristas».
Tras una oleada de motines carcelarios, se registraron ataques de la delincuencia organizada en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, con un saldo de al menos ocho personas muertas y dos heridos. Además, un grupo armado tomó los estudios de un canal de televisión y mantuvo como rehenes a sus empleados.
Los legisladores respaldaron las acciones emprendidas por el Gobierno para restablecer la paz y el orden, y pidieron que se determine quienes son los responsables de las fugas carcelarias y se les sancione con «el máximo rigor de la ley».
En la agenda parlamentaria, se ha dado máxima prioridad a la aprobación de normas en materia de seguridad, incluyendo la unificación de 41 proyectos de la reforma del COIP (Código Orgánico Integral Penal) que será debatida en los próximos días en el pleno de la Asamblea Nacional.
Los legisladores de todas las fuerzas políticas representadas en la Asamblea señalaron que están comprometidos en abordar este desafío con responsabilidad y de manera conjunta, haciendo énfasis en que no obstaculizarán las funciones de ninguna autoridad pública, manteniendo siempre el respeto a la institucionalidad durante este estado de excepción.
El presidente, Daniel Noboa, quien asumió el cargo hace dos meses, declaró el estado de excepción ante la existencia de un «conflicto armado interno» en el país, lo que implica el despliegue y la intervención de las fuerzas de seguridad contra el crimen organizado. Además, declaró terroristas a 22 grupos de delincuencia organizada y ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizarlos.
