El Gobierno de Javier Milei puso en marcha un esquema para que ciudadanos extranjeros puedan obtener la nacionalidad argentina a cambio de un aporte de 350.000 dólares al Estado o de la suscripción de un título público por 800.000 dólares.
La propuesta también prevé una opción para familias: un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores podrían acceder al beneficio por 500.000 dólares.
La iniciativa fue activada mediante un decreto de necesidad y urgencia y ya generó rechazo en la oposición parlamentaria, que intenta frenarla en el Congreso. Juristas consultados en el debate sobre la medida sostienen que contradice el espíritu de la Constitución y vulnera el derecho a la no discriminación.
