Argentina debate ampliar los criterios para internaciones de salud

Una reforma de la Ley de Salud Mental de Argentina llegó al Senado con cambios propuestos para decidir internaciones involuntarias, integrar los equipos clínicos y organizar la atención especializada. La diputada Antonela Giampieri, de Fuerza del Cambio, explicó que la iniciativa busca sustituir el criterio de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave para sí y para terceros”.

La propuesta incorpora antecedentes a la evaluación clínica

La ley vigente desde 2010 exige, según lo expuesto por la legisladora, que exista un riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros antes de una internación sin consentimiento. El proyecto propone que los equipos también puedan considerar antecedentes clínicos, brotes previos, consumos problemáticos y otros episodios registrados en la historia de la persona.

Giampieri sostuvo que evaluar únicamente lo que ocurre al llegar a una guardia puede dejar fuera información relevante. A su juicio, una conducta observada durante una crisis debe analizarse junto con el proceso previo. Aclaró que la internación no sería una respuesta automática ni la única alternativa contemplada.

Otro cambio planteado es exigir dos firmas para resolver una internación, una de ellas correspondiente a un médico o psiquiatra. Giampieri argumentó que la evaluación médica puede ayudar a determinar si una alteración de conducta está relacionada con sustancias, un tumor u otras patologías. También defendió la participación de psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros y terapistas en un abordaje interdisciplinario.

La iniciativa propone coordinar recursos entre Nación y provincias

La continuidad de hospitales especializados es otro punto de la discusión. Giampieri dijo que algunos pacientes pueden recibir atención en hospitales generales, mientras que otros requieren dispositivos diferenciados. Entre las opciones que mencionó están la atención ambulatoria, los centros de día y las internaciones con plazos definidos y seguimiento profesional.

La diputada citó los hospitales Borda, Moyano y Alvear, en la Ciudad de Buenos Aires, como parte de una red especializada. También afirmó que la aplicación de la ley actual impulsó el cierre de instituciones especializadas en varias provincias. Su propuesta es que el Ministerio de Salud de la Nación y las jurisdicciones definan las necesidades de cada territorio y coordinen recursos, con cooperación financiera nacional para reforzar capacidades provinciales.

En materia de prevención, Giampieri dijo que las escuelas y los clubes pueden ayudar a advertir señales de riesgo y activar la atención correspondiente, sin que los docentes asuman tareas de diagnóstico. También pidió articular a familias, organismos de niñez y ministerios de Salud. Atribuyó a Argentina un promedio de entre 11 y 12 muertes por suicidio al día y sostuvo que se trata de un fenómeno de causas múltiples; no detalló el período ni la metodología de esa cifra.

La legisladora defendió la educación digital y rechazó una prohibición general de las redes sociales. Además, advirtió que herramientas de inteligencia artificial no deben sustituir la consulta con profesionales de salud mental. La discusión legislativa abarca así tanto los criterios de intervención clínica como la prevención y la disponibilidad de servicios.