La minería ilegal de oro de aluvión en Colombia aumentó 10 % entre 2024 y 2025, y ya representa el 75 % de las 118.410 hectáreas con evidencias de explotación detectadas este año, según un estudio del Ministerio de Minas y Energía y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Alta concentración territorial
El informe señala que el 82 % de la explotación ilícita se ubica en tres departamentos: Chocó, Antioquia y Bolívar. También indica que solo 10 municipios concentran el 54 % de esta actividad: Nóvita, El Cantón de San Pablo, Río Quito, Istmina y Quibdó, en Chocó; Cáceres, Nechí, El Bagre y Zaragoza, en Antioquia; y Ayapel, en Córdoba.
Pese a esa concentración, oficialmente solo el 11 % de la producción aurífera reportada en Colombia salió de esos municipios, un contraste que el estudio asocia con posibles subregistros y fallas en la trazabilidad y el control del oro extraído.
Presión sobre parques y comunidades
El documento advierte que la presión de la minería ilegal de aluvión creció en parques nacionales, tierras de comunidades afrodescendientes y resguardos indígenas, muchas veces en territorios donde también hay cultivos de coca y presencia de grupos armados.
Entre 2024 y 2025, las evidencias de explotación en el Sistema de Parques Nacionales Naturales subieron 87 %. El aumento se concentró en un 64 % en el Parque Nacional Río Puré, donde ya se ha alertado el incremento de la minería ilegal al interior del área y que pone en riesgo a las poblaciones en aislamiento voluntario, como los yuri y passé. La Reserva Nacional Natural Puinawai concentró el 36 % restante.
El mapeo también halló que el 45 % del territorio con evidencias de explotación de oro de aluvión en tierra coincidió con áreas con cultivos de coca en 2024, sobre todo en zonas de actividad ilegal. En el 84 % de esos territorios, además, predominó la explotación ilegal de oro.
En las tierras de comunidades afrocolombianas, la detección de minería de oro de aluvión en 2025 abarcó el 45 % del total nacional, pero el 88 % correspondió a explotación ilegal. En los resguardos indígenas, la actividad apenas llegó al 0,4 %, aunque el informe advierte que la explotación en ríos también amplía la presión sobre esos territorios y aguas abajo.
El estudio, elaborado por el Ministerio de Minas y Energía y la UNODC, también identifica efectos sobre la salud, el agua y la movilidad, por la contaminación con mercurio y la alteración de los cauces.
La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, dijo que actuarán en tres frentes: formalizar a quienes tengan vocación de legalidad, perseguir con el Ministerio de Defensa a las estructuras criminales y recuperar los territorios afectados.
En el texto, además, se indica que la coincidencia entre minería ilegal y cultivos de coca se viene observando desde 2021.
