Los niños y adolescentes en México enfrentan un nivel elevado de riesgo por el cambio climático, de acuerdo con Unicef. El país ocupa el puesto 54 entre 200 evaluados en el Índice de Riesgo Climático de la Infancia, un indicador que mide exposición, vulnerabilidad y degradación ambiental.

El diagnóstico forma parte del estudio Infancia y adolescencia frente al cambio climático en México, que advierte que las afectaciones recaen con más fuerza sobre quienes menos han contribuido a la crisis y sobre poblaciones marcadas por pobreza y carencias sociales.

Salud, pobreza y territorio: la combinación que agrava el riesgo

El documento señala que, en las últimas cinco décadas, el cambio climático se ha vuelto más visible en el territorio mexicano con un aumento de la temperatura promedio nacional cercano a 0.85 °C y una mayor intensidad de huracanes, sequías, deslaves, temperaturas extremas, lluvias torrenciales, inundaciones e incendios.

Ante un escenario persistente de altas emisiones de gases de efecto invernadero, Unicef prevé que la temperatura media anual del país aumente entre 2 y 2.5 °C entre 2041 y 2060. El informe añade que, en ese contexto, es elevada la probabilidad de que los fenómenos meteorológicos extremos crezcan en frecuencia e intensidad.

La investigación identifica a los menores de cinco años y a quienes habitan en el suroeste mexicano como los grupos más expuestos a los impactos climáticos. En el primer caso, la etapa temprana de desarrollo del organismo, el sistema inmunitario y el cerebro los vuelve más vulnerables al calor extremo, la desnutrición, las enfermedades y la deshidratación.

Sobre el suroeste, el estudio precisa que allí coinciden fenómenos meteorológicos recurrentes, altos niveles de pobreza y una importante presencia de comunidades indígenas que suelen enfrentar exclusión. Esa combinación, advierte, limita la capacidad de prevención, respuesta y recuperación de las infancias.

El aumento de lluvias y calor también golpea la escuela

En salud, el análisis vincula el incremento de lluvias intensas con mayores tasas de mortalidad y más enfermedades infantiles. Según el documento, cuando la precipitación máxima acumulada durante cinco días consecutivos aumenta 10%, la mortalidad infantil sube 0.9%; las defunciones por enfermedades diarreicas aumentan 1.9%, y las muertes entre menores de cinco años crecen 0.8%.

De forma similar, un incremento de 10% en episodios de olas de calor se asocia con un alza de 1% en la tasa de mortalidad infantil por enfermedades respiratorias.

A partir de los registros actuales, el estudio proyecta que las lluvias intensas podrían aumentar aproximadamente 0.26 milímetros por año hacia 2050 y que se registrarían 0.0219 días cálidos adicionales cada año. Bajo ese escenario hipotético, Unicef calcula que, frente al periodo 2010-2020, podría haber un aumento de 0.36% en la mortalidad infantil total, de 0.8% en las defunciones infantiles por enfermedades diarreicas, de 0.32% en las muertes de menores de cinco años y de 0.56% en la morbilidad infantil por enfermedades respiratorias.

El informe calcula además que el costo de esas afectaciones adicionales en mortalidad y morbilidad infantil podría llegar a 411 millones de pesos en un escenario de bajas emisiones y a 888 millones de pesos en uno de altas emisiones.

En educación, la investigación ubica las mayores afectaciones en los dos primeros años de primaria. Cuando se presentan fenómenos vinculados o atribuibles a la crisis climática, la matrícula de primer grado baja 2.6% entre las niñas y 2.4% entre los niños; en segundo grado, la inscripción femenina cae 1.5%.

Unicef pide que la protección de la infancia sea parte de la respuesta climática

Unicef reconoce que México cuenta con un marco jurídico e institucional para enfrentar el cambio climático. Recuerda que la Constitución reconoce el derecho a un medio ambiente sano y la protección de la infancia, mientras que la Ley General de Cambio Climático, publicada en 2012, sienta las bases para la mitigación y la adaptación.

Sin embargo, el organismo sostiene que para reducir los efectos sobre niñas, niños y adolescentes hace falta reforzar infraestructura y servicios esenciales, ampliar la protección social, aumentar la inversión pública en mitigación y adaptación, mejorar la investigación sobre riesgos emergentes y atender las necesidades según edad, condición socioeconómica y lugar de residencia.

El documento concluye que las políticas climáticas no deberían limitarse a bajar emisiones o responder a desastres, sino incorporar de forma explícita la protección de derechos y la reducción de desigualdades. También plantea que poner a la infancia en el centro es clave para construir resiliencia, bienestar y prosperidad en las próximas décadas.