La norma ordena a las plataformas prevenir la exposición a contenidos dañinos, pero ChildFund México advierte que retirar publicaciones no basta para proteger a niñas, niños y adolescentes.
El gobierno federal de México firmó a mediados de octubre un decreto que obliga a las plataformas digitales a reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes, aunque la medida no contempla sanciones para los servicios que incumplan sus disposiciones. ChildFund México considera que retirar contenidos dañinos es insuficiente si no se acompaña de supervisión, transparencia y participación de las infancias.
La norma exige controles de edad y atención permanente
El decreto prohíbe que los servicios digitales permitan a menores acceder, quedar expuestos o recibir recomendaciones de contenidos que promuevan, entre otras conductas, el odio, el extremismo violento, el abuso sexual, el suicidio, las autolesiones, los trastornos alimenticios, el acoso y la violencia escolar. También incluye las conductas ilícitas y el material sexual explícito.
Las plataformas deberán incorporar mecanismos de verificación de edad, herramientas de supervisión parental, sistemas para denunciar publicaciones y opciones de privacidad activadas por defecto. La disposición también les exige clasificar materiales según la edad y retirar cuentas o publicaciones que promuevan o generen violencia.
Además, deberán mantener un punto de contacto disponible las 24 horas, todos los días de la semana, para atender solicitudes de las autoridades, preservar y entregar evidencias e implementar alertas inmediatas ante contenidos que atenten contra la vida. Especialistas han señalado que algunas definiciones del decreto son ambiguas y que contiene omisiones que podrían limitar su alcance.
ChildFund pide supervisión y participación de las infancias
ChildFund México sostiene que la protección digital requiere rendición de cuentas de las plataformas y que niñas, niños y adolescentes participen en las decisiones que afectan sus derechos. La organización también plantea que las personas cuidadoras se involucren de forma activa.
En una encuesta realizada por ChildFund en 2023, 67% de los participantes señaló la desatención de las personas cuidadoras como la principal causa de la violencia digital. En comparación, 58% atribuyó el problema a la falta de regulación de las tecnologías. La organización no presenta en el texto de esos resultados detalles sobre la metodología de la encuesta.
La guía de ChildFund para personas cuidadoras agrupa los riesgos digitales en cuatro tipos: contacto con desconocidos, exposición a contenidos dañinos, conductas agresivas y pérdida de privacidad por compartir datos personales.
La guía recomienda conservar mensajes, imágenes y otros registros vinculados con una agresión, pues pueden servir como evidencia. Si la violencia ocurre entre menores, plantea priorizar la resolución pacífica de conflictos y la sensibilización; si hay indicios de delito, aconseja reportar el caso ante las instancias de protección, fiscalías o cuerpos policiales mencionados en el documento. También propone acompañar a adolescentes al configurar sus redes, usar controles parentales y evitar publicar datos personales.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
