El Senado de México aprobó por 72 votos contra 37 una reforma que condiciona la protección legal de los proveedores de internet a que tengan una política para casos de infracción reincidente. El texto, sin embargo, no fija cuántas faltas convierten a un usuario en reincidente ni exige de forma expresa una orden judicial para cortar el servicio.

La reforma avanza con el aval del Senado

La cámara alta respaldó el cambio a la Ley Federal del Derecho de Autor, mientras la Cámara de Diputados ya había aprobado el texto. Con ese paso, la iniciativa sigue el trámite legislativo antes de su publicación y entrada en vigor.

La modificación incorpora a los proveedores de acceso a internet dentro de las condiciones para conservar ciertas protecciones frente a responsabilidades por infracciones cometidas a través de sus servicios. Entre esas condiciones figura contar con una política para terminar el servicio de infractores reincidentes.

El texto deja abierta la definición de reincidencia

La reforma no establece un umbral uniforme para determinar cuándo un usuario entra en la categoría de reincidente. Esa omisión deja a cada proveedor la tarea de fijar sus propios criterios para aplicar una política de terminación del servicio.

Además, la norma no incorpora de forma expresa una exigencia de orden judicial antes de suspender la conexión. Durante el debate, el senador opositor Gabriel Elizondo advirtió que una familia entera podría quedar sin internet por la conducta atribuida a una sola persona.

Aurora López-Portillo, directora de servicios legales de ClarkeModet, dijo a EL CEO que cada proveedor tendría que definir su propio umbral. También señaló que sería recomendable verificar si las acusaciones tienen sustento y permitir una respuesta del usuario, aunque la ley no convierte esos pasos en una obligación expresa.

Qué riesgo asumen los proveedores

La reforma prevé que un proveedor que incumpla las condiciones de su puerto seguro puede quedar expuesto a responsabilidad si, con conocimiento, contribuye a la infracción, la induce o la causa. También contempla el supuesto de que pueda controlar al usuario infractor y obtenga un beneficio directo de la infracción.

En esos casos, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial podría imponer multas de hasta MXN 4.700.000, según la infracción. El texto también exige que la política para terminar el servicio de reincidentes esté publicada de forma permanente en el sitio web del proveedor y en sus términos de servicio, junto con un mecanismo básico de notificación a los usuarios.

Las nuevas reglas entrarán en vigor 180 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Hasta el momento descrito en el reporte, esa publicación todavía no se había producido.