Una decisión de 2017 documenta su actuación como defensora de José Luis Santoro. Una publicación dominicana registra dos créditos por RD$1.598.000 bajo su nombre, sin que ello acredite responsabilidad penal.
La denuncia contra Lorenzo Alejandro Laviosa López por presuntas amenazas y presiones para firmar un documento inmobiliario en Maracay tiene antecedentes que amplían el contexto del caso. Rosa Santoro Castellano, identificada como denunciante en la información policial, aparece con ese mismo nombre en una decisión judicial venezolana como defensora de José Luis Santoro Castellano, antiguo directivo del Banco Peravia.
La causa número 4039, resuelta el 9 de febrero de 2017 por la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, identifica a Rosa Santoro y Roberto Taricani Lozada como representantes del exbanquero. La ficha de la decisión registra a la abogada con el número de Inpreabogado 79.273. Decisión reproducida en vLex.
La defensa apeló una resolución del Juzgado Vigésimo de Control, del 18 de octubre de 2016, que había ratificado la privación preventiva de libertad de Santoro por presuntos delitos bancarios y estafa. La Corte declaró sin lugar el recurso y confirmó la decisión. Se trataba de una controversia sobre la medida de detención, no de una sentencia condenatoria. Texto del fallo.
Dos créditos bajo el mismo nombre
El 28 de enero de 2016, DiarioDigitalRD publicó una relación de préstamos que, según su información, eran investigados por la Fiscalía del Distrito Nacional tras las irregularidades detectadas en el Banco Peravia.
La lista incluye dos operaciones a nombre de Rosa Santoro Castellano, asociadas al mismo documento de identificación: el préstamo 6008, por RD$484.000, y el préstamo 5781, por RD$1.114.000. La suma asciende a RD$1.598.000. La publicación también registra el préstamo 6568, por RD$1.696.000, a nombre de Lorenzo A. Laviosa López. Relación publicada por DiarioDigitalRD.
La referencia acredita que ese nombre fue publicado entre las operaciones investigadas. Por sí sola, no permite determinar quién solicitó los créditos, recibió el dinero o autorizó el uso de los datos. Tampoco constituye prueba de participación de Rosa Santoro en un fraude.
Los negocios atribuidos a Laviosa y José Luis Santoro
Una reproducción pública de la acusación fiscal dominicana describe, en sus apartados 307 al 316, operaciones que el Ministerio Público atribuía a Laviosa y José Luis Santoro.
Según ese documento, Laviosa habría colaborado en la captación de datos de extranjeros para emitir tarjetas de crédito y retirar fondos en Estados Unidos. El apartado 309 sostiene que Santoro adquirió de Laviosa el negocio Doral Rent a Car, en Miami, mediante efectivo y tarjetas que la Fiscalía vinculaba con la distracción de recursos del banco. Son señalamientos de la acusación, no conclusiones de una sentencia contra Laviosa. Acusación reproducida en Doczz.
Un informe oficial de la Superintendencia de Bancos, publicado en marzo de 2026 con corte a diciembre de 2025, incluye a ambos entre los imputados declarados en rebeldía en el proceso dominicano. El organismo confirma que la acusación fue presentada el 24 de junio de 2016. Ese informe antecede a la detención reportada en Maracay. Informe de la Superintendencia.
La denuncia de Maracay
Notitarde informó el 18 de junio de 2026 que la Policía Nacional Bolivariana había detenido el día anterior a Laviosa y otras tres personas después de una llamada de Rosa Santoro Castellano.
Según la versión policial recogida por el medio, la denunciante manifestó que habían ingresado a su residencia para obligarla mediante coacción a firmar un documento de compraventa de un terreno. También fueron detenidos el abogado Marco Antonio Molina Mendoza, el funcionario del Saren Jonathan Freddy Gotta González y el conductor Ricardo Manuel Hernández Padrón. El caso fue notificado al Ministerio Público. Información de Notitarde.
La documentación revisada no permite establecer que el terreno forme parte de los activos del Banco Peravia ni que el conflicto derive de las operaciones investigadas en República Dominicana.
Los antecedentes aportan un vínculo profesional documentado y referencias financieras anteriores. Para explicar el conflicto inmobiliario todavía faltan el documento cuya firma se habría exigido, la titularidad del terreno y las versiones de sus protagonistas.
Alcance de la documentación
Las fuentes consultadas coinciden en el nombre completo de Rosa Santoro Castellano. No se obtuvo documentación adicional que permita cotejar la identidad de la denunciante con la abogada y la persona mencionada en los préstamos. Tampoco se establece aquí un parentesco con José Luis Santoro. El fallo se consultó en su reproducción en vLex y la acusación en Doczz; no se verificó el enlace original del fallo ni se obtuvo una copia certificada de la acusación.
Antecedente: la cobertura de Panorama sobre el caso de Maracay.
