Provea denunció el 30 de octubre de 2026 que el Estado venezolano solicitó formalmente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cerrar el expediente relacionado con la Ley contra las ONG. Según la organización, la respuesta oficial defendió la normativa y comparó su regulación con marcos legales de Rusia, China y Nicaragua.
Provea cuestiona la respuesta enviada a la ONU
La organización afirmó que la respuesta ignoró 12 preguntas que cuatro expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU enviaron a Venezuela en 2023. El Estado sostuvo que la ley no impide de manera ilegítima las libertades de expresión y asociación, y que estas garantías no son absolutas, sino que están sujetas a control y fiscalización gubernamental.
El gobierno también afirmó que el texto fue sometido a consulta pública. Sin embargo, la ONU advirtió que el borrador inicial no se difundió.
La ley exige reportar financiamiento y beneficiarios
La normativa se denomina Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro. De acuerdo con la descripción de Provea, impone controles administrativos y financieros a ONG y asociaciones civiles, que deben informar el origen de financiamiento extranjero, sus nóminas y la lista de beneficiarios ante registros oficiales centralizados.
Provea pidió derogar esta ley y la Ley contra el Odio, además de otras normas que, según la organización, restringen o intimidan a la sociedad civil. La exigencia fue publicada en su cuenta en X.
