El exgobernador de Puebla Mario Marín Torres enfrentará este martes en Quintana Roo una audiencia que puede derivar en una sentencia condenatoria o absolutoria por su presunta responsabilidad en la tortura contra la periodista Lydia Cacho, ocurrida hace más de 20 años.

La organización Artículo 19 México y Centroamérica advirtió que la resolución definirá si uno de los señalados como autores intelectuales de las agresiones contra la periodista enfrenta consecuencias penales, tras dos décadas de procesos judiciales, liberaciones y decisiones que han impedido una reparación integral.

En un pronunciamiento conjunto con Cacho, periodistas, medios y organizaciones civiles, la organización pidió que la audiencia se desarrolle con independencia e imparcialidad y que la decisión se ajuste a los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión y los derechos humanos.

Una detención que marcó el caso

El 16 de diciembre de 2005, Lydia Cacho fue detenida arbitrariamente en Cancún y trasladada por tierra a Puebla durante un recorrido de más de 20 horas, en el que sufrió amenazas de muerte, incomunicación, violencia sexual, así como tortura física y psicológica.

Las agresiones ocurrieron como represalia por la publicación de su libro Los demonios del Edén, en el que documentó redes de explotación sexual infantil vinculadas con empresarios y autoridades mexicanas.

En 2018, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas determinó que el Estado mexicano violó los derechos de la periodista y exigió reparar el daño, investigar los hechos y sancionar a los responsables.

Aunque el gobierno mexicano ofreció una disculpa pública en 2019, la periodista continúa en el exilio, luego de que ese mismo año sujetos armados allanaron su domicilio, envenenaron a sus mascotas y sustrajeron material periodístico sensible.

Retrocesos judiciales y reclamos de protección

Artículo 19 señaló que Cacho sigue recibiendo amenazas por medios digitales y carece de garantías para ejercer su profesión y regresar a México en condiciones de seguridad.

La organización recordó que el proceso ha tenido varios retrocesos. El 27 de julio de 2021, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Cancún concedió un amparo al empresario Kamel Nacif Borge que lo liberó de responsabilidad por tortura.

En julio de 2025, el mismo tribunal exoneró a Juan Sánchez Moreno, excomandante de la entonces Procuraduría de Puebla, cuya pena había sido elevada en apelación a siete años y seis meses de prisión.

También indicó que Hugo Karam Beltrán, procesado por su probable participación en el delito de tortura, salió de prisión en agosto de 2024 tras un cambio de medidas cautelares derivado de un amparo, sin que eso implicara una absolución.

El caso más reciente ocurrió el 14 de octubre de 2026, cuando el excomandante Alejandro Rocha Laureano quedó en libertad después de que se consideró cumplida su condena de cinco años y seis meses de prisión, debido al tiempo que permaneció encarcelado desde 2018.

La organización sostuvo que su liberación obedeció al cumplimiento de la pena y no a una declaración de inocencia, pero consideró que el caso muestra sanciones reducidas frente a la gravedad de los delitos cometidos contra la periodista.

A más de dos décadas de los hechos, pidió que la justicia no se limite a los responsables materiales y alcance también a quienes ordenaron, protegieron o encubrieron las agresiones.

Por ello, exigió que la audiencia contra Mario Marín se conduzca con apego al debido proceso y que, de acreditarse su responsabilidad, se imponga una sanción proporcional a la gravedad de los hechos. También recordó que la Convención contra la Tortura obliga a los Estados a castigar estos delitos con penas acordes con su gravedad.

Además, reclamó medidas efectivas de protección, garantías de no repetición y condiciones para el regreso seguro y digno de Lydia Cacho.

La periodista y su familia cuentan con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde el 10 de agosto de 2009.

Artículo 19 convocó a la sociedad civil, medios de comunicación y organismos internacionales a seguir públicamente la audiencia, al considerar que su resultado será determinante para el combate a la impunidad en los casos de violencia contra periodistas en México.