El teniente coronel del Ejército Igbert Marín Chaparro denunció este 9 de octubre ante el tribunal con competencia en Terrorismo que lleva su juicio que ha sufrido torturas, malos tratos y restricciones familiares durante ocho años y siete meses de detención.

Declaró desde El Rodeo I, donde permanece recluido, porque la audiencia fue telemática. En su testimonio relató golpes, privación de medicamentos, esposamientos en posiciones antinaturales y hacinamiento en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, en Caracas.

También dijo que fue trasladado encapuchado y esposado, mientras custodios le hicieron creer que lo iban a asesinar.

Relató castigos, encierro y visitas limitadas

Marín Chaparro afirmó que, junto con otros compañeros, recibía las sobras de comida de los custodios y debía hacer sus necesidades en el mismo lugar. Describió ese espacio como un sitio donde comían entre excrementos y sin medios para limpiar cuando uno de sus compañeros vomitó.

El militar cuestionó que El Rodeo I sea presentado como un centro de máxima seguridad y sostuvo que funciona como un espacio de máximo castigo. Agregó que lleva dos años y ocho meses sin poder abrazar a su hermana, a quien solo ve por 20 minutos los sábados, detrás de un vidrio.

Además, contó que recientemente le permitieron llamar a su hijo, pero la comunicación fue interrumpida a los cinco minutos.

La causa y la próxima audiencia

Marín Chaparro fue detenido el 2 de marzo de 2018, cuando era comandante del Batallón de Infantería Motorizada Juan Pablo Ayala, en Fuerte Tiuna, después de denunciar ante sus superiores la falta de alimentos, equipos y recursos, así como presuntos hechos de corrupción dentro de la Fuerza Armada.

Fue acusado de instigación a la rebelión y de participar en un movimiento conspirativo contra el gobierno de Nicolás Maduro. Cumplió una condena de siete años, pero antes de ser excarcelado fue implicado en la causa conocida como La Viñeta.

Al salir de la audiencia, el abogado Alfredo Romero, director del Foro Penal, dijo que las denuncias de tortura y tratos crueles e inhumanos deben dar lugar a una investigación. Criticó que el tribunal no la haya solicitado, pese a que la defensa lo pidió con base en la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

La continuación del juicio fue fijada para el próximo 21 de octubre.

Claves del caso