Una jueza federal de Oklahoma concluyó que un agente del alguacil de Tulsa vulneró los derechos de una mujer al buscar su matrícula en la base de datos de Flock Safety sin una orden judicial. Sara Hill cuestionó la ausencia de una razón concreta para esa consulta y ordenó excluir la evidencia obtenida después.

La consulta de la placa y la orden judicial

El caso se originó cuando un agente del alguacil de Tulsa, en Oklahoma, consultó en Flock la placa de un vehículo perteneciente a una mujer. El reporte del caso identifica al agente como Freddie Alaniz. Según la decisión, no tenía una orden judicial antes de hacer la búsqueda.

Hill consideró que tampoco existía una razón aparente para acceder al registro, más allá de que el automóvil llevaba una matrícula de California. A su juicio, ese dato no bastaba para justificar el acceso al historial asociado al vehículo.

Después de la consulta, el agente utilizó el historial de viajes del vehículo como parte de la justificación para registrar el automóvil. En esa inspección, según el relato del caso, habría encontrado 91 libras de metanfetamina.

La evidencia y la crítica a la vigilancia masiva

La jueza sostuvo que la evidencia obtenida después de la consulta debía suprimirse como «fruto del árbol envenenado», una expresión jurídica para describir pruebas derivadas de una actuación considerada ilegal. Vinculó la búsqueda inicial con el registro posterior del auto y concluyó que los elementos resultantes no debían utilizarse.

Hill también advirtió que el seguimiento de ubicaciones en espacios públicos puede convertirse en un problema constitucional cuando las autoridades catalogan de manera pasiva e indiscriminada los desplazamientos de las personas durante un período prolongado. Describió el sistema como una herramienta de vigilancia masiva porque recopila información sobre todos los vehículos que pasan frente a cámaras conectadas a la red.

La magistrada comparó ese escenario con el debate constitucional de Carpenter v. United States, un caso de la Corte Suprema centrado en el acceso gubernamental a datos de ubicación de teléfonos celulares. Señaló una diferencia: Flock puede reunir datos de los vehículos que cruzan ante sus cámaras.

El fallo no establece una regla obligatoria para otros tribunales, pero sí figura entre las primeras ocasiones en que un juez federal determina que una búsqueda en Flock fue inconstitucional.

Más presión política sobre el sistema

La decisión se suma a las críticas y cancelaciones del servicio. Según TechCrunch, varios gobiernos locales y estatales, incluidos Florida y Texas, dijeron que dejarían de utilizar la tecnología.

En el Congreso, Bernie Sanders presentó el viernes 2 de octubre la Ban Flock Act, una propuesta para prohibir a las agencias federales el uso de lectores automatizados de matrículas y bloquear fondos federales para gobiernos estatales y locales que los utilicen.

Garretty Langley, identificado por TechCrunch como CEO de Flock, ha defendido la necesidad de un «compromiso» entre privacidad y seguridad y ofreció disculpas a mujeres que han sido acosadas por agentes policiales que usan el sistema. El reporte también señala que la empresa habría ofrecido a empleados compras voluntarias de acciones como una forma de reducir su plantilla, en medio de las cancelaciones de contratos.

El caso de Tulsa deja abierta la discusión sobre qué límites deben aplicarse cuando una red registra los movimientos de muchos vehículos y las autoridades pueden consultar después esa información.