Caracas activó el retiro del Estatuto de Roma y dijo que la Corte Penal Internacional actúa con sesgo contra Venezuela. La medida surtirá efecto un año después de la notificación a la ONU.
El gobierno de Venezuela notificó al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, su decisión de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), de acuerdo con el artículo 127 del tratado.
El anuncio fue hecho este viernes por Félix Plasencia en su cuenta en X, donde dijo que la decisión se ejecuta por instrucciones de Delcy Rodríguez.
Caracas alega sesgo en la actuación de la CPI
Según el comunicado difundido por Plasencia, la medida responde a un supuesto “sesgo geográfico” de la Corte, al que atribuyó una concentración desproporcionada de su trabajo en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global.
El texto oficial sostuvo además que esa actuación revela una justicia internacional que, a juicio del Gobierno, ha sido instrumentalizada para profundizar desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía.
Plasencia también calificó la actuación de la CPI como una forma de “lawfare” contra Venezuela y afirmó que el Estado venezolano mantiene su compromiso con una justicia “genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos”.
Qué efectos tiene la denuncia del Estatuto de Roma
La notificación ante Naciones Unidas formaliza un proceso que comenzó en diciembre de 2025, cuando la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, sancionó por unanimidad la llamada Ley por Palestina y la Justicia y derogó la ley aprobatoria del Estatuto de Roma.
La decisión legislativa ocurrió después de que la Fiscalía de la CPI cerrara su oficina técnica en Caracas, al no constatar “progreso real” en materia de complementariedad con el Estado venezolano.
De acuerdo con el propio artículo 127 del Estatuto, la notificación no exime a Venezuela de las obligaciones asumidas mientras fue Estado parte ni afecta la competencia de la CPI sobre presuntos crímenes cometidos antes de que la denuncia surta efecto.
El retiro entrará en vigor un año después de recibida la notificación por parte del secretario general de la ONU.
La Fiscalía de la CPI mantiene abierta la investigación conocida como “Venezuela I”, sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país desde 2014, tras el cierre en marzo de este año del examen preliminar paralelo denominado “Venezuela II”.
Hasta ahora, solo Burundi y Filipinas han consumado un retiro efectivo del Estatuto de Roma.
