Al menos 927 personas en Venezuela han sido acusadas de incitación al odio desde que entró en vigor, en 2017, la ‘Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia’, según datos difundidos este miércoles por la ONG Foro Penal, especializada en la defensa de presos políticos.

638 personas con medidas restrictivas y 6 detenidas

Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, explicó a EFE que el delito de incitación al odio suele imputarse junto a otros, como terrorismo o asociación. La organización también detalló que, actualmente, seis de los acusados siguen privados de libertad, mientras que 638 enfrentan medidas que limitan su libertad.

Críticas por su uso represivo y ambigüedad

La norma, impulsada por Nicolás Maduro y promovida por Delcy Rodríguez, contempla penas de prisión de entre 10 y 20 años para quienes fomenten, promuevan o inciten al odio, la discriminación o la violencia. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y la oposición la han señalado como parte de un marco legal represivo utilizado para perseguir a periodistas, defensores de derechos humanos y críticos del chavismo.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exigió este miércoles en la red social X que se revisen y cierren los procesos abiertos bajo esta ley, la cual, según denunció, ha servido para criminalizar la expresión. Es una norma contraria a los estándares sobre discursos de odio, añadió.

Delcy Rodríguez, quien ahora ocupa un rol de liderazgo en el chavismo, reconoció el martes que, aunque cree en los principios de la ley, esta fue mal aplicada y se hizo un uso abusivo de ella. Su hermano, Jorge Rodríguez, anunció la creación de una comisión especial de once diputados para redactar un proyecto de reforma.

No obstante, distintas organizaciones insisten en que la ley debe ser derogada, no solo reformada. Los expertos han advertido sobre la ambigüedad en su contenido, lo que permite un amplio margen de interpretación y discrecionalidad para acusar y sancionar opiniones o comentarios.

La solicitud de reforma llega tras la culminación del segundo ciclo del diálogo entre el Gobierno y un sector opositor, respaldado por Estados Unidos, y la reciente visita de Human Rights Watch al país, la primera desde 2008. Esta organización ha instado a modificar o derogar las leyes que han permitido violaciones de derechos humanos, entre ellas la del odio.