Al menos 927 personas en Venezuela fueron acusadas de “incitación al odio” desde la aprobación, en 2017, de la Ley contra el Odio, según datos difundidos este miércoles 30 de septiembre por la organización no gubernamental Foro Penal.
Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización, dijo que “la mayoría de las veces” ese delito fue imputado junto con otros cargos como terrorismo y asociación. La cifra fue divulgada en medio del debate abierto tras la petición de Delcy Rodríguez de reformar esa legislación.
Seis detenidos y 638 personas con restricciones
Según la ONG, seis de las personas acusadas de incitación al odio continúan detenidas. Además, 638 tienen medidas restrictivas de su libertad.
Himiob señaló que este tipo penal no suele presentarse de forma aislada en los expedientes. Explicó que, “la mayoría de las veces”, la acusación de incitar al odio aparece acompañada de imputaciones por otros delitos, entre ellos terrorismo y asociación.
La Ley contra el Odio ha sido cuestionada por organizaciones y por sectores de la oposición, que la consideran parte de un “marco legal represivo” usado contra periodistas, defensores de derechos humanos y personas críticas del chavismo.
Especialistas también han advertido sobre la ambigüedad de su contenido. Según esos señalamientos, la redacción de la norma deja un amplio margen de interpretación y discrecionalidad para acusar y sancionar comentarios u opiniones.
La reforma reabre el debate sobre la ley
La difusión de estas cifras se produjo luego de que Delcy Rodríguez pidiera este martes 29 a la Asamblea Nacional reformar “con urgencia” la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, impulsada por Nicolás Maduro y promovida en su momento por la propia dirigente chavista.
Esa norma contempla penas de prisión de 10 a 20 años para quien “fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia”, además de otro tipo de sanciones.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa exigió este miércoles 30, a través de X, que sean “revisados y cerrados” los “procesos abiertos por la Ley contra el Odio”, al considerar que “solo han servido para criminalizar la expresión”. La organización agregó que se trata de “una norma contraria a los estándares sobre discursos de odio”.
La propia Delcy Rodríguez afirmó este martes 29 que, aunque cree “en los principios de esa ley”, esta “lamentablemente fue mal aplicada” y “se hizo un uso abusivo” de ella.
Jorge Rodríguez anunció la conformación de una “comisión especial” integrada por 11 diputados, encargada de redactar el proyecto de reforma.
Organizaciones piden su derogación
Pese al anuncio de la reforma, organizaciones de distinta índole insisten en que la ley debe ser derogada. Sus cuestionamientos se centran en el uso que ha tenido la norma desde 2017 y en la amplitud de los criterios con los que puede aplicarse.
Las cifras presentadas por Foro Penal volvieron a colocar ese debate en primer plano. El balance de la organización muestra que, años después de su aprobación, la ley sigue teniendo consecuencias judiciales sobre centenares de personas, entre detenidos y acusados sometidos a restricciones de libertad.
