La familia del mayor del Ejército Marvin Rafael Cequera Mendoza denunció retrasos, restricciones para ejercer la defensa y presuntos malos tratos durante el proceso judicial que enfrenta desde su detención el 22 de noviembre de 2025 en Maracay.
La detención y las denuncias de la familia
Según María Chiquinquirá Tubíñez Colmenárez, esposa del oficial, la detención ocurrió el 22 de noviembre de 2025 en Maracay, durante un procedimiento de una comisión del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, con sede en Caracas. La familia sostiene que no hubo una orden judicial previa.
Tubíñez también afirmó que, durante la primera semana, Cequera estuvo en desaparición forzada y que luego permaneció cerca de cuatro meses en la sede del CONAS de Quinta Crespo, en Caracas. De acuerdo con su testimonio, allí habría sido golpeado, torturado y amenazado.
La esposa dijo que acudió a la sede del organismo y recibió confirmación de que el militar estaba allí, pero no pudo verlo durante dos meses. Después, las visitas se habrían permitido solo a través de un vidrio.
Traslado, defensa y fecha del juicio
El 17 de marzo de 2026, Cequera fue trasladado al Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, donde, según Tubíñez, relató los presuntos maltratos sufridos. La familia afirma que la audiencia preliminar se realizó nueve meses después de la detención.
La defensa sostuvo que la Corte Marcial de Caracas vulneró los artículos 26, 49 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como los artículos 12 y 6 del Código Orgánico Procesal Penal.
El caso, identificado con el número CJPM-TM1C-421-2025, cursa ante el Tribunal Militar Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, a cargo del teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana Mickel Enrique Amézquita Pión. La Fiscalía Tercera Militar está dirigida por el capitán de la GNB Elber Jesús Montero Mendoza, según la información de la defensa.
Señalamientos sobre acceso al expediente
Los abogados dijeron que, tras su juramentación el 6 de enero de 2026, pidieron copias certificadas del expediente para presentar diligencias durante el lapso de investigación, pero aseguran que el Tribunal Primero negó reiteradamente la entrega, incluido el acto conclusivo de la Fiscalía.
La defensa añadió que el 20 de enero de 2026 introdujo un amparo constitucional ante la Corte Marcial Penal Militar del Área Metropolitana de Caracas y luego presentó solicitudes de celeridad procesal el 27 de enero y el 10 de febrero. Según su versión, no obtuvieron respuesta.
Hasta la información disponible en esta nota, no consta una respuesta oficial del tribunal, la Fiscalía Militar, el CONAS ni de las autoridades señaladas frente a estas denuncias.
