El empresario colombiano Álvaro Pulido Vargas, señalado como socio de Alex Saab, fue extraditado desde Venezuela y puesto a disposición de la justicia de Estados Unidos.
Fuentes federales confirmaron que agentes de la DEA lo sacaron de la cárcel luego de que una corte del sur de Florida abriera dos procesos por lavado de activos y fraude a través de las cajas CLAP, entre otras conductas.
La identidad que rodea al empresario
Pulido Vargas es en realidad Germán Enrique Rubio Salas. En el año 2000, un medio colombiano reseñó su captura como presunto líder del cartel de Bogotá.
Según la policía de ese país, Rubio Salas coordinó en 1999 el envío de dos toneladas de cocaína y 17 kilos de heroína a varias naciones de Europa. El mismo medio añadió que el procesado tenía pendiente una condena de 15 años de prisión en Italia.
Desde el año 2000 se conocía que el implicado utilizaba identificaciones falsas. En archivos de prensa se lee que usó cinco identidades distintas durante dos años para ingresar a Brasil, Alemania y el Reino Unido, entre otros destinos.
Las investigaciones de los periodistas Gerardo Reyes, de Univisión, y Roberto Deniz, de Armando.info, dieron cuenta del cambio de nombre del socio de Saab. Según Reyes, fue precisamente esa investigación por narcotráfico la que lo llevó a cambiarlo.
Para ello, habría reactivado de manera irregular el documento de identidad de una persona fallecida en Miami en 2005.
En una entrevista con Univisión en 2015, Pulido dijo: “El nombre mío es Álvaro Enrique Pulido Vargas, me cedulé en el año 83 y siempre ha sido esa mi identidad”. Pero no envió las pruebas que prometió.
Las acusaciones en Estados Unidos
En 2017 se conoció que Pulido y Saab eran investigados por la DEA. En julio de ese año, ambos fueron sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense y, casi en simultáneo, la fiscalía de Florida los acusó de lavado de dinero por los negocios de Fondo Global de Construcciones.
La acusación sostiene que, entre 2011 y por lo menos 2015, ambos empresarios colombianos conspiraron con otros para lavar ganancias de una red de corrupción basada en sobornos para obtener contratos de proyectos públicos y en fraudes al sistema de control de cambio de divisas en Venezuela.
Posteriormente, en 2021, una corte de Florida lo acusó formalmente de conspiración para cometer lavado de dinero, al señalarlo de inflar costos de alimentos y pagar sobornos por más de 350 millones de dólares asociados al programa CLAP. Washington llegó a ofrecer una recompensa de 10 millones de dólares por información que permitiera su captura.
Dos años después, el empresario cayó detenido en Caracas en el marco de la macrooperación anticorrupción conocida como la trama Pdvsa-Cripto.
La Fiscalía venezolana lo vinculó con una red criminal dedicada al desfalco de la estatal petrolera mediante la comercialización de crudo a través de intermediarios privados sin registrar los pagos, un esquema de impagos que superó los 1.500 millones de dólares.
