Un joven de 23 años identificado como Júnior Rafael Velásquez Herrera fue asesinado en los calabozos del Centro de Coordinación Policial Guaiparo, ubicados en el estado Bolívar. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este sábado que la víctima llevaba tres años detenida en el recinto sin haber recibido una sentencia firme, un caso que vuelve a poner bajo la lupa la crisis carcelaria en el país.
Denuncian presencia de armas y hacinamiento crítico
De acuerdo con la información aportada por la organización defensora de los derechos humanos, el presunto responsable del disparo que cobró la vida del joven es otro recluso, identificado como Richard José Hernández Álvarez, de 39 años. Ante este hecho, la ONG cuestionó severamente la circulación y tenencia de armamento dentro de las instalaciones policiales destinadas a la reclusión temporal.
El centro de coordinación policial es señalado por concentrar un elevado número de detenidos en condiciones de hacinamiento severo. Asimismo, el observatorio documentó la existencia de pranes dentro del penal y el cobro constante de dinero en efectivo a los internos para asegurar su permanencia o ciertas comodidades.
Temor por traslados masivos y exigencia de investigación
El homicidio desató la incertidumbre entre los familiares de los internos, luego de que funcionarios del recinto anunciaran la ejecución de traslados a otras regiones. Los parientes advirtieron su preocupación ante la posibilidad de que los reclusos sean enviados a estados lejanos, lo que dificultaría el seguimiento de sus procesos judiciales en los tribunales y afectaría las visitas debido a los altos costos de traslado.
Por último, el Observatorio Venezolano de Prisiones exigió al Ministerio Público el inicio de una investigación penal transparente sobre la muerte de Velásquez Herrera, al tiempo que solicitó a la Defensoría del Pueblo una inspección presencial en los calabozos de Guaiparo para constatar las condiciones de reclusión y salvaguardar la integridad de la población penal.
