La derrota republicana en las elecciones intermedias de Estados Unidos dejó a la oposición demócrata con el control de ambas cámaras del Congreso y abrió una etapa de mayor fiscalización sobre la agenda de Donald Trump, incluida su política hacia Venezuela.
El Congreso pasa a tener más margen para frenar a la Casa Blanca
El resultado electoral, descrito por Ron DeSantis como un evento “casi de nivel de extinción” para su partido, rompió con el guion habitual de las medio término: esta vez, los demócratas no solo ganaron escaños, sino que voltearon la correlación de fuerzas y alcanzaron siete puestos senatoriales en estados tradicionalmente republicanos como Texas, Kansas e Iowa.
Con el control de la Cámara de Representantes y el Senado, la nueva mayoría podrá exigir documentos, contratos, auditorías y otras informaciones a partir de enero de 2027, además de citar a funcionarios y empresarios a declarar bajo juramento. Según el texto, ese poder institucional fortalecerá investigaciones ya abiertas sobre la política de Estados Unidos hacia Venezuela.
Investigaciones sobre Venezuela ganan respaldo institucional
Entre las figuras que tendrían más protagonismo aparece Robert García, probable presidente del Comité de Supervisión y Rendición de Cuentas de la Cámara de Representantes, quien ha impulsado pesquisas sobre los contactos de la administración Trump con grandes compañías petroleras y sobre eventuales beneficios privados en operaciones vinculadas con Venezuela.
