El juez de la Audiencia Nacional española Antonio Piña admitió a trámite la querella presentada por dos trabajadoras contra Julio Iglesias por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional había considerado inicialmente que los tribunales españoles no eran competentes para investigar los hechos, por lo que las exempleadas acudieron directamente al juzgado.
Tras estudiar el expediente, Piña sostuvo que el relato aportado y el principio de prueba eran suficientes para abrir el procedimiento, sin que eso suponga una valoración sobre su credibilidad.
Entre los elementos incorporados figura una fotografía en la que se ve un moratón en un brazo y dos marcas en los muslos que, según el auto, podrían corresponderse con la mordedura de una persona, además de conversaciones.
Qué delitos aceptó investigar el juez
El magistrado aceptó investigar los presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante, pero rechazó la querella en lo referido a trata y delitos contra los derechos de los trabajadores.

Dos antiguas empleadas —una trabajadora del hogar y una fisioterapeuta— acusan a Julio Iglesias de haberlas sometido a situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas, además de lesiones y vejaciones en 2021, cuando él tenía 77 años, en casas del artista en República Dominicana y Bahamas.
Una de ellas afirmó que estaban obligadas a someterse a pruebas médicas, incluidas revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, como VIH.
Las dudas que plantea la querella
En el auto, Piña señala que la querella podría presentar un relato mutilado al centrar los hechos en Julio Iglesias y omitir la participación que, según el texto, tendrían dos administradoras de las casas, a quienes también se les atribuyen actos sexuales contra las denunciantes.
El juez considera que esas omisiones podrían responder al propósito de que la Justicia española investigue los hechos y advierte de la posible fragmentación del caso, pese a lo cual mantiene la admisión a trámite.
También advierte problemas procesales por la intervención de esas dos administradoras, que en España declararían como testigos y podrían ver afectado su derecho de defensa en un eventual proceso posterior contra ellas.
Pese a esas objeciones, el juez concluyó que no impiden que la querella sea admitida a trámite.






