El Gobierno de España busca dejar a sus instituciones públicas fuera de las sanciones económicas más severas previstas en la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. La intención quedó reflejada en una guía publicada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que plantea advertencias oficiales y correcciones obligatorias ante posibles incumplimientos.

La diferencia con el sector privado es amplia: mientras las administraciones recibirían apercibimientos, las empresas que violen la regulación se exponen a multas millonarias e incluso a la suspensión de servicios en los casos más graves.

La guía y el marco europeo

En agosto de 2024 entró en vigor el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, diseñado para regular la producción, comercialización y uso de estos sistemas en función del riesgo que puedan generar para la sociedad. La norma prohíbe o restringe ciertas herramientas, como las que manipulan el comportamiento de las personas, las que usan puntuaciones sociales o las que aplican determinadas formas de identificación biométrica a distancia en espacios públicos.

Según el texto, las compañías que incumplan esas disposiciones pueden recibir multas de hasta 35 millones de euros o el 7% de su facturación mundial anual. También contempla sanciones de entre 7,5 y 15 millones de euros, o entre el 1,5% y el 3% de la facturación mundial, para infracciones vinculadas con sistemas de alto riesgo.

La guía española puede consultarse en el documento oficial Guía de IA en las administraciones públicas, donde se presentan criterios para el uso responsable de estas tecnologías.

Qué se les exige a las administraciones

El documento indica que las instituciones públicas deben usar la inteligencia artificial con seguridad, transparencia y pleno respeto a los derechos fundamentales. También ordena capacitar al personal que interactúe con estas herramientas, avisar a la ciudadanía cuando se comunique con un sistema automatizado e identificar los contenidos generados o manipulados artificialmente, incluidos los deepfakes y los textos vinculados con asuntos de interés público.

En el caso de los sistemas de alto riesgo, la guía exige evaluar, prevenir y reducir daños a la salud, la seguridad y los derechos fundamentales. Además, obliga a garantizar la calidad de los datos, documentar el funcionamiento de las herramientas y mantener registros sobre su uso.

El texto añade que las administraciones deberán conservar una supervisión humana efectiva, emplear la inteligencia artificial para mejorar servicios públicos existentes y establecer mecanismos eficaces de aclaración y supervisión. Aun así, precisa que las instituciones públicas no recibirán multas económicas por estas infracciones.

Apercibimientos en lugar de multas

En vez de sanciones pecuniarias, las autoridades supervisoras podrán emitir amonestaciones y resoluciones que declaren la existencia de infracciones y ordenen medidas correctivas para detenerlas o mitigar sus consecuencias. El propio documento sostiene que esta fórmula se apoya en las facultades que el Reglamento Europeo de IA deja en manos de los Estados miembros y en un proyecto de ley orgánica español que también contempla la exención.

La norma comunitaria permite que cada país decida cómo sancionar a sus propias instituciones públicas cuando vulneren el marco regulatorio. España, según la guía, propone sustituir las multas por apercibimientos y correcciones. El planteamiento, sin embargo, sigue pendiente de aprobación legislativa y su aplicación dependería de que el nuevo Gobierno retome la propuesta.

El documento es orientativo y no produce efectos vinculantes. Además, el proyecto de ley orgánica citado en la guía tampoco ha sido aprobado, por lo que sus disposiciones no tienen efectos jurídicos.