La Diputación Permanente del Congreso convalidó este miércoles siete decretos ley impulsados por el Gobierno de coalición, en una sesión marcada por un amplio respaldo parlamentario y por reproches de la oposición, que acusó al Ejecutivo de usar estas medidas como parte de la campaña electoral del 29 de noviembre. El debate puede seguirse en la señal oficial del Congreso, la Diputación Permanente del Congreso.

Amplio respaldo a los decretos sociales

Según lo expuesto en la sesión, seis de los siete decretos reunieron el apoyo de casi todos los integrantes de la Diputación Permanente, que suma 63 escaños, con la excepción de Vox, cuyos seis diputados solo respaldaron por unanimidad el texto referido a las reparaciones a las víctimas del accidente del AVE en Urda. El órgano funciona en periodos especiales, cuando las Cortes están disueltas.

Los decretos abarcan ayudas para reparar la situación en Ceuta tras la avalancha de inmigrantes del verano, medidas para paliar los daños de la dana Adam, cambios en la Seguridad Social, refuerzos para la red ferroviaria después de los últimos accidentes, reparación a las víctimas del siniestro en Urda, mayor protección para familias numerosas y monomarentales, y una reestructuración del sistema de dependencia.

El debate se prolongó durante siete horas y estuvo atravesado por un tono electoral. En la discusión, varios portavoces reprocharon al Gobierno que acudiera a la Diputación Permanente con medidas sociales en plena recta final de la campaña.

Ceuta, la dana y la dependencia concentraron el intercambio

Ángel Víctor Torres presentó el balance de la situación en Ceuta y aseguró que permanecen en la ciudad autónoma 5.037 personas atendidas con recursos del Estado, de ellas 532 menores, además de 3.156 menores atendidos por el Gobierno local. Añadió que ya no existe rastro levantado de ningún asentamiento de chabolas ni estructuras en el puerto y que han regresado a Marruecos 16.475 inmigrantes desde la avalancha. También dijo que el nuevo espigón alargado a 150 metros en la zona del Tarajal empezó a desplegarse este miércoles y que la inversión derivada a la ciudad asciende a 45,3 millones de euros.

En ese tramo, la portavoz de Podemos, Ione Belarra, y luego la de Sumar, Aina Vidal, lamentaron la falta de investigación de algunas agresiones y torturas denunciadas sobre miembros de las fuerzas armadas. Por su parte, la representación de Vox insistió en que el Gobierno utiliza la Diputación Permanente para hacer campaña, mientras que el PP mantuvo sus críticas sobre la gestión en Ceuta.

En el decreto sobre la dana Adam, Ángel Víctor Torres defendió que las medidas eran “lógicas y sensatas”, aunque varios portavoces de PNV, ERC y Compromís expresaron reparos por su posible carácter tardío, insuficiente o recentralizador. El PSOE reclamó un pacto de Estado frente a la emergencia climática y el PP pidió que las promesas se ejecuten.

En materia de Seguridad Social, Elma Saiz defendió el decreto que introduce cambios para una mayor protección, con nuevas patologías y la prestación para la etapa de la menopausia. Los grupos de izquierda defendieron la medida, Vox la atribuyó a fines partidistas y el PP cuestionó la urgencia de tramitar ese bloque de cambios fuera del Pacto de Toledo.

Más adelante, Pablo Bustinduy sostuvo que la protección reforzada para familias numerosas y monomarentales debería ser un consenso transversal y afirmó que beneficiará a 770.000 personas directamente. También presentó el decreto sobre dependencia, al que atribuyó un “giro radical e histórico”, con una dotación extra de 6.200 millones, una previsión para 2027 de 7.239 y una aportación del 50% por parte del Estado para intentar acabar con las listas de espera el próximo año.

La sesión cerró con nuevos choques entre el Gobierno y la oposición, pero con el dato político de fondo de que los siete decretos superaron la convalidación en la Diputación Permanente, algunos con apoyos muy amplios y uno de ellos por unanimidad.