La deuda soberana y la vinculada a PDVSA en Venezuela asciende a 240.000 millones de dólares, una carga que equivale a 240% del PIB calculado por el Ejecutivo en unos 100.000 millones de dólares. La cifra surge de estimaciones de Centerview Partners, asesor financiero del Gobierno, y de filtraciones recientes divulgadas al Financial Times, en medio de casi una década de opacidad sobre el pasivo del país.
Un pasivo repartido entre varios acreedores
La obligación no se concentra en un solo frente. Incluye bonos soberanos y de PDVSA en manos de fondos de inversión y tenedores privados, préstamos bilaterales con China, Rusia y Brasil, laudos arbitrales derivados de expropiaciones y deudas comerciales con proveedores y aerolíneas. Esa combinación de acreedores y jerarquías legales complejas convierte cualquier salida del default en una negociación de alto riesgo.
Con ese panorama, la propuesta parte de un principio básico: no es posible resolver una deuda de ese tamaño con una sola oferta ni con una reestructuración improvisada. El planteamiento, basado en análisis del Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE) y en la dinámica de los mercados globales, busca establecer una secuencia de medidas que reduzca la probabilidad de litigios masivos y evite el desmembramiento de activos estratégicos.
La transparencia como primer requisito
El primer paso sería abandonar la opacidad estadística y someter las cuentas del Estado a auditoría internacional. Además, se considera indispensable incorporar formalmente al Fondo Monetario Internacional (FMI) en la elaboración de un Análisis de Sostenibilidad de Deuda. Sin ese respaldo técnico, cualquier propuesta enfrentaría escepticismo en los mercados y perdería fuerza frente a los tenedores de bonos.
La segunda medida apunta a proteger los activos externos de la República y de PDVSA, especialmente CITGO Holding. La meta es impedir embargos mientras avanzan las conversaciones y evitar que los bienes estratégicos se fragmenten en medio de disputas judiciales. Para ello, se plantea un marco de protección jurídica internacional respaldado por resoluciones o protecciones del Tesoro estadounidense.
Deuda ligada al crecimiento y fin del esquema petrolero
La tercera fase propone canjear parte de la deuda por instrumentos vinculados al crecimiento, luego de aplicar una quita fuerte sobre el valor nominal de los bonos. Bajo ese esquema, los pagos comenzarían solo cuando los ingresos petroleros o el PIB no petrolero superen un umbral predefinido. Así, los acreedores pasarían a participar de la recuperación económica en lugar de exigir cobros fijos desde el inicio.
El cuarto paso busca despetrolizar la deuda bilateral, especialmente la asociada al Banco de Desarrollo de China (CDB). La intención es dejar atrás los contratos de petróleo por deuda, renegociar plazos de gracia y permitir que PDVSA comercialice su producción con mayor flexibilidad para atender la reconstrucción interna y mejorar la liquidez del Estado.
La meta: salir del default antes de 2026
La prioridad inmediata no sería pagar la totalidad de los 240.000 millones de dólares, sino abandonar formalmente el estatus de default antes de que termine 2026. Para lograrlo, se plantea un acuerdo marco que acepte una reducción del valor de la deuda ya descontada por los mercados secundarios y limite el servicio anual de la nueva deuda a entre 10% y 15% de los ingresos por exportaciones.
Si ese objetivo se concreta, Venezuela podría volver a los mercados internacionales de capitales y destrabar financiamiento multilateral del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ese apoyo sería clave para reactivar el sistema eléctrico, estabilizar la industria petrolera y mitigar la crisis social.
