Luigi Pisella, representante del sector privado en la Comisión Especial para la Evaluación y Clasificación de Activos Públicos, planteó que los activos expropiados o confiscados por el Estado venezolano que no hayan sido debidamente indemnizados o cuyo pago no se haya concluido sean devueltos a sus legítimos propietarios.
La propuesta para los activos sin pago concluido
El dirigente empresarial sostuvo que esos bienes no deberían entrar en procesos de privatización ni en subastas, porque el Estado no puede vender lo que no ha terminado de pagar o lo que mantiene asuntos legales pendientes. «La expropiación está contemplada en la Constitución y aplica para aquellos activos cuyo proceso terminó y se pagó; es decir, pertenecen al Estado. Lo que no se ha pagado o tiene algún tema legal pendiente, se va a devolver a sus dueños. El Estado no va a vender algo que no es suyo y en eso nos vamos a proteger todos», dijo.
Pisella afirmó que cada caso será revisado de manera individual y que se buscarán las herramientas legales necesarias para dar seguridad jurídica a la medida. El objetivo, añadió, es enviar un mensaje de certidumbre que genere confianza en el sector privado nacional y en los inversionistas extranjeros.
También defendió que la adjudicación o venta de empresas bajo control estatal se haga mediante subastas públicas, licitaciones transparentes y operaciones a través de la Bolsa de Valores. Según dijo en entrevista de Unión Radio, esos mecanismos buscan reactivar el aparato productivo, resguardar la estabilidad laboral e impulsar la inyección de capital para mejoras salariales progresivas.
