La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una reforma de la Ley del Servicio Eléctrico que permite la participación privada en la generación, importación y comercialización de energía, y establece cambios en las tarifas.
La norma autoriza a operadores particulares a vender electricidad a grandes consumidores, como industrias, empresas y centros comerciales, mediante tarifas prefijadas. También contempla que las tarifas del servicio queden vinculadas a una divisa de referencia internacional y que se creen subsidios focalizados para personas de menores ingresos.
El texto prevé una superintendencia encargada de regular y supervisar las tarifas, la autogeneración y las empresas privadas del sector. Jorge Rodríguez defendió la reforma y afirmó que no supone privatizar el sistema eléctrico. Según su declaración, el Estado conservará la titularidad y la responsabilidad de suministrar electricidad a la población vulnerable.
La iniciativa fue impulsada por Delcy Rodríguez. En un acto en el estado Yaracuy, ella atribuyó el agravamiento de las fallas eléctricas a un sismo ocurrido el 24 de junio, que, según indicó, causó la pérdida de unos 800 megavatios del Sistema Eléctrico Nacional.
