La Asamblea Nacional presentó este martes 14 de julio el Proyecto de Ley del Régimen Especial de Arrendamiento de Inmuebles destinados a vivienda, una propuesta que busca transformar la dinámica del sector inmobiliario en el país. El documento plantea devolver la autonomía a las partes y agilizar la resolución de conflictos para reactivar la oferta de alquileres, tras la necesidad de viviendas surgida luego de los eventos del 24 de junio.
Al momento de esta publicación, el dólar paralelo se cotizaba en 894,14 Bs y la tasa oficial del BCV en 725,75 Bs, según Precio Dólar Paralelo.
Nuevas reglas para contratos y reparaciones
El nuevo marco legal introduce reformas profundas enfocadas en la desjudicialización. Según el PROYECTO DE LEY DE ARRENDAMIENTO OCT 2026, las partes podrán acordar libremente el monto del alquiler, permitiéndose el uso de divisas siempre que se garantice el pago equivalente en bolívares, utilizando como tope técnico el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central de Venezuela.
En cuanto al mantenimiento de las propiedades, la norma establece una división de gastos: las reparaciones mayores, que superen el 30% del canon, serán responsabilidad del arrendador, mientras que las menores, inferiores a ese porcentaje, corresponden al inquilino. Además, se contempla el derecho de preferencia para inquilinos solventes que lleven más de dos años en el inmueble si el propietario decide vender la propiedad.
Garantías y límites de aplicación
El proyecto faculta al propietario para exigir depósitos en efectivo o pólizas de seguro de hasta tres meses de canon, con la obligación de reintegrar las garantías en un plazo de 15 días continuos tras el fin del contrato. Asimismo, se permite la rescisión anticipada por causas como el impago de dos meses de canon o servicios, subarrendamiento no autorizado o abandono.
Alcance de la ley
La normativa solo aplicará a contratos celebrados tras su publicación en Gaceta Oficial, manteniendo la vigencia de la ley de 2011 para contratos actuales.
La propuesta, que consta de 27 artículos, excluye explícitamente de su aplicación a hoteles, fincas rurales, comercios y viviendas asignadas por relaciones laborales. El documento también incluye una disposición transitoria que exime a los nuevos contratos de la aplicación del Decreto Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivienda, según se detalla en el ANTEPROYECTO_DE_LEY_DE_REFORMA_DE_LA_LEY_CONTRA_LA_ESTAFA_INMOBILIARIA (1).
