El ingeniero plantea reorganizar el SEN en bloques regionales y abrir la distribución a capital privado con licitaciones.
El ingeniero Néstor Ramírez, miembro del Grupo Faraday, planteó reestructurar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) para abandonar el modelo centralizado y avanzar hacia una desverticalización que separe generación, transmisión y distribución.
Su propuesta ubica a la distribución como el área que podría reorganizarse en empresas regionales financieramente equilibradas, con apertura a inversiones privadas nacionales e internacionales bajo esquemas de licitación pública.
Bloques regionales y balance financiero
Ramírez dijo que la integración de las antiguas 14 o 16 operadoras eléctricas en Corpoelec dejó la distribución como un “lienzo en blanco”, lo que abriría la posibilidad de rediseñar la cobertura en cinco, seis o siete empresas regionales.
El ingeniero advirtió que el diseño de esas operadoras exige compensar zonas de alta rentabilidad con otras de baja densidad poblacional. Puso como ejemplo el Distrito Metropolitano, La Guaira y Los Altos Mirandinos, que describió como un “lomito” frente al sur de Guárico, Apure, Bolívar y Amazonas, donde la atención cuesta más por la dispersión territorial.
En Centro-Occidente, el Grupo Faraday evalúa si Lara debe operar sola o integrarse con Yaracuy, o incluso sumar a Portuguesa.
Ramírez sostuvo que la entrada de capital privado no sería inmediata. Propuso primero reformas a la ley del sector, independencia de los entes reguladores y de los operadores del sistema interconectado, además de filiales autónomas de Corpoelec con competencias reales fuera de Caracas.
Calculó que ese proceso tomaría entre uno y dos años, tiempo para mejorar la gestión comercial, generar flujo de caja y volverlas “bancables”. Después, las filiales podrían ofrecerse a inversionistas mediante licitaciones públicas “no a dedo”, con precedentes como los procesos aplicados en el pasado con Cantv o las vías férreas.
También defendió democratizar la propiedad de esas operadoras bajo la Ley de Privatizaciones vigente, de 1992 y reformada en 1998. El esquema incluiría hasta 20 % de participación para los trabajadores y la emisión de bonos eléctricos convertibles en acciones para canalizar ahorro nacional y regional.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
