Delcy Rodríguez informó la firma de un convenio con la empresa argentina Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A.I.C. y F. (Impsa) para culminar la Central Hidroeléctrica Tocoma y avanzar en trabajos del Sistema Eléctrico Nacional, una obra paralizada desde 2014.

El acuerdo y la meta de generación

La presidenta interina señaló que, a partir de este entendimiento, el país podría incorporar 2.640 megavatios al sistema eléctrico, con el objetivo de garantizar la estabilidad de este servicio y respaldar el crecimiento económico nacional. Sin embargo, no ofreció detalles sobre el alcance del convenio ni sobre los términos específicos de la negociación con la trasnacional.

En contraste, el presidente de Impsa, Jorge Salcedo, indicó en su cuenta en X que la firma del acta de acuerdo con el Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec marca el inicio de una nueva etapa para recuperar infraestructura hidroeléctrica considerada estratégica en Venezuela.

Salcedo explicó que el plan contempla dos fases: una primera, de 19 meses, para entregar 672 MW, y una segunda, a cinco años, con capacidad para aportar hasta 2.640 MW al Sistema Eléctrico Nacional.

Según detalló, Impsa aportará experiencia, ingeniería y tecnología para rehabilitar las centrales de Macagua y Tocoma. Precisó además que la meta inicial es recuperar 672 MW de capacidad de generación en 19 meses, mientras que el plan integral podría añadir hasta 2.640 MW de capacidad hidroeléctrica en un lapso de cinco años, distribuidos en 2.160 MW en Tocoma y 480 MW en Macagua.

Sin precisión sobre otras empresas involucradas

Hasta ahora no se conoce si existen conversaciones o negociaciones con las compañías del Consorcio OIV para completar la obra civil de Tocoma, una central que, de acuerdo con informes de Corpoelec, presentaba 97% de avance en 2014.

Una obra detenida desde hace más de una década

Los trabajos preliminares y los movimientos de tierra en la Central Hidroeléctrica Tocoma, ubicada en el estado Bolívar, comenzaron en 2002 con recursos propios de la estatal Edelca, luego incorporada a la Corporación Eléctrica Nacional.

De acuerdo con la planificación original y con lo establecido en los contratos adjudicados tras el proceso de licitación, la primera unidad generadora debía entrar en funcionamiento en 2012, mientras que la décima máquina completaría la capacidad instalada en 2014.

Para esa segunda etapa, el proyecto contaba con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Andina de Fomento (CAF), por un monto estimado de 3.061 millones de dólares.

La ejecución de la obra civil quedó a cargo del Consorcio OIV, integrado por la brasileña Odebrecht, con una participación de 50%; la italiana Impregilo, con 40%; y la venezolana Vinccler, con 10%. En paralelo, la fabricación e instalación de diez unidades generadoras Kaplan fueron encargadas a la empresa argentina Impsa, responsable de la casa de máquinas.

La escasez y el retraso en el suministro de insumos críticos, como hierro y cemento, el rezago en el pago de salarios, las variaciones del tipo de cambio y un informe de auditoría considerado negativo en 2013 obligaron a sucesivas prórrogas y a un aumento considerable de los costos.

Durante 2013, la gestión de Jesse Chacón al frente del Ministerio de Energía Eléctrica y de Corpoelec pidió elevar el presupuesto a 7.000 millones de dólares. Más adelante, esa cifra llegó a 9.365 millones de dólares bajo la administración de Luis Motta Domínguez en esa cartera.

El quiebre definitivo que frenó el avance físico ocurrió en 2014, cuando se produjo la paralización total de la central. El proyecto quedó incluido entre las 246 obras inconclusas registradas por Transparencia Venezuela.

El cese de actividades respondió a un colapso financiero internacional asociado al default económico de Impsa. La empresa sudamericana suspendió sus operaciones por una situación de impago por parte de Venezuela, con una deuda pendiente de 1.200 millones de dólares en ese momento, lo que impidió continuar el flujo técnico y la importación de los equipos electromecánicos necesarios para terminar la instalación de las unidades generadoras.

Para 2016, la obra permanecía detenida con 87,19% de avance físico. Aunque entre 2018 y 2019 Impsa reestructuró su control accionario y se conoció que retomó contactos con Corpoelec para el suministro y colocación de turbinas, el reinicio no llegó a concretarse. De esas turbinas, solo dos están parcialmente instaladas en el país y ocho continúan retenidas en territorio argentino.

La falta de acuerdo ha impedido que Tocoma entregue energía al Sistema Eléctrico Nacional, que sigue afectado por un déficit prolongado y por racionamientos en distintas zonas del país.

Reformas y nuevas aperturas en el sector eléctrico

En un contexto de cambios institucionales impulsados tras la intervención militar estadounidense y la aprehensión de Nicolás Maduro, el gobierno de Donald Trump informó que estructuró una estrategia de transición económica en tres etapas para el país. Bajo ese panorama y con Delcy Rodríguez al frente del Poder Ejecutivo, se ha promovido una reestructuración legal para incentivar la participación de capital privado y extranjero en sectores como minería, hidrocarburos y electricidad.

Como parte de esas modificaciones, el Ministerio de Energía Eléctrica formalizó la creación de una comisión permanente encargada de seleccionar empresas para prestar servicios, adquirir bienes y ejecutar obras dentro del sector. La medida quedó establecida en un decreto firmado por el ministro Rolando Alcalá y publicado en la Gaceta Oficial 43.385 el 2 de junio.

En ese proceso participarán veedores de la Contraloría General de la República y de la Unidad de Auditoría Interna del propio ministerio. Tendrán derecho a voz, pero no podrán votar en las decisiones.

La apertura hacia el financiamiento privado surge como respuesta a la crisis energética prolongada, que mantiene apagones diarios en todo el territorio nacional y golpea con mayor fuerza a los estados del interior.

Mientras el oficialismo atribuye de forma reiterada esos fallos a las sanciones impuestas por Estados Unidos, especialistas y sectores de la oposición sostienen que el problema obedece al desvío de fondos y al abandono de las instalaciones.

En paralelo, el Parlamento aprobó recientemente una reforma a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, con la que se da base jurídica a las nuevas inversiones privadas en el área.