La reforma promete abrir el sector a la inversión privada, pero el análisis citado advierte que deja al Estado con la mayor parte de las decisiones y de las áreas clave.
La reforma de la Ley Orgánica del Servicio y Sistema Eléctrico Nacional, aprobada este martes por la Asamblea Nacional, fue presentada por Delcy Rodríguez como una vía para superar la crisis eléctrica. Sin embargo, el examen citado en la discusión advierte que el texto mantiene un peso decisivo del Estado en la generación, la transmisión y la distribución, justo cuando el país acumula años de apagones y reclamos por el servicio.
La apertura privada queda limitada por reservas estatales
Según la exposición hecha ante empresarios, la norma permitiría la participación privada en procesos de generación, transmisión y distribución. Rolando Alcalá dijo, además, que la intención es fomentar la competitividad, mejorar la eficiencia y atraer inversiones para fortalecer la infraestructura eléctrica.
Pero el análisis de Cedice-Libertad citado en la pieza sostiene que la ley reserva al Estado la generación hidroeléctrica en cuencas específicas, la transmisión troncal y la distribución en áreas estratégicas. Esa arquitectura, agrega, bloquea la competencia y prolonga un monopolio estatal, reforzado por privilegios hacia empresas y cooperativas del poder popular.
El mismo estudio considera positivo que el texto establezca un procedimiento judicial detallado para expropiaciones y servidumbres. Aun así, objeta que el artículo 31 obligue a la empresa operadora a transferir bienes a Corpoelec libres de gravámenes al final de cualquier habilitación, sin definir con claridad un mecanismo de compensación por el valor no amortizado.
Más poder para el Ejecutivo y menos autonomía regulatoria
Entre los reparos centrales aparece la forma en que queda organizado el control institucional. El análisis señala que los responsables de la Superintendencia del Sistema Eléctrico Nacional son de libre nombramiento y remoción por la Presidencia de la República, lo que elimina cualquier independencia frente al Poder Ejecutivo.
También cuestiona que el Ministerio de Energía Eléctrica concentre funciones normativas, ejecutivas y cuasi judiciales, sin controles parlamentarios ni de los tribunales. A juicio de Cedice-Libertad, la ley crea una arquitectura regulatoria extensa, con órganos superpuestos y un régimen de títulos habilitantes, normas técnicas, contables, tarifarias y de información que las empresas deberán cumplir al mismo tiempo ante distintas autoridades.
El estudio añade que esa multiplicación de instancias eleva los costos de cumplimiento para los operadores y abre espacio a una discrecionalidad amplia del Ejecutivo en nombramientos, remociones, estados de excepción y fijación de subsidios.
Subsidios sin topes ni reglas fiscales claras
Otro de los puntos bajo observación es el financiamiento. El texto, según el análisis, no fija límites cuantitativos al gasto público, al endeudamiento del sector ni al monto de los subsidios que el Ejecutivo podría comprometer. El fondo de financiamiento de subsidios también quedaría sin topes claros de gasto o deuda, con su diseño en manos de la discrecionalidad oficial.
Cedice-Libertad advierte que esa falta de reglas fiscales vinculantes puede comprometer la sostenibilidad financiera del sistema a mediano plazo. Además, cuestiona que la norma otorgue al Ejecutivo la facultad de favorecer áreas prioritarias e incentivar sectores productivos mediante subsidios, lo que introduce un criterio político discrecional para asignar beneficios.
En esa lectura, la reforma no reduce el centralismo sino que lo consolida: mantiene al Estado como actor empresarial central y predominante del sistema eléctrico, mientras reduce a las alcaldías a funciones de apoyo. También sostiene que la reserva de los segmentos más estratégicos al Estado y el enfoque en soberanía tecnológica limitan la apertura a innovación externa y competencia.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
