El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) exigió al Estado venezolano detallar el operativo militar realizado en el sur del estado Bolívar que culminó con la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, señalado como líder de la organización criminal Tren de Aragua.

Exigen conocer el alcance del operativo

En un comunicado difundido el 14 de junio, la organización planteó que las acciones contra el crimen organizado deben ejecutarse dentro del marco constitucional, con respeto a los derechos humanos y a la soberanía nacional.

Provea sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer los términos en que se desarrolló la operación, su alcance legal y cuáles fueron los mandos responsables. La ONG indicó además que, de acuerdo con distintas versiones, el procedimiento habría sido coordinado entre autoridades venezolanas y organismos estadounidenses.

Piden aclarar el saldo humano

La organización afirmó que, con la información disponible hasta ahora, existen elementos suficientes para que las autoridades ofrezcan aclaratorias sobre lo ocurrido en Bolívar.

En ese sentido, solicitó precisar el número exacto de personas fallecidas, heridas y detenidas durante la operación, así como garantizar la identificación de las víctimas y la transparencia en el manejo de la información.

Provea recordó que el pasado 9 de junio ya había pedido datos sobre los operativos militares desarrollados en la región, incluyendo la situación de los civiles y de posibles detenidos. Sin embargo, aseguró que no hubo respuesta oficial hasta que se conocieron declaraciones de voceros de la Casa Blanca sobre el caso.

Preocupación por posibles violaciones de derechos humanos

La ONG manifestó preocupación por la posibilidad de que durante el operativo se hayan producido violaciones de derechos humanos y advirtió sobre antecedentes de otros procedimientos de seguridad ejecutados en el país.

También señaló que la lucha contra grupos criminales no puede derivar en ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas ni tratos crueles contra personas ajenas al conflicto.

Asimismo, sostuvo que el avance de economías ilegales y grupos armados en el sur de Venezuela responde a años de abandono institucional y a políticas ligadas a la explotación de recursos minerales en la zona.

Según Provea, la creación del Arco Minero del Orinoco en 2016 impulsó el aumento de actividades extractivas y de disputas por el control territorial entre grupos irregulares y actores estatales, con impacto sobre comunidades vulnerables e indígenas.

Solicitudes a Fiscalía y Defensoría

La organización también pidió explicaciones al fiscal general, Larry Devoe, sobre si el Ministerio Público tuvo conocimiento previo del operativo y si ya fueron designados fiscales para investigar los hechos.

Además, preguntó si las autoridades están actuando conforme a los procedimientos establecidos para la preservación de evidencias y si se aplicarán estándares internacionales para investigar muertes potencialmente ilícitas.

De igual forma, solicitó a la Defensoría del Pueblo informar qué acciones llevó a cabo para garantizar que el operativo se desarrollara con respeto a los derechos humanos.

Provea reiteró que el combate contra organizaciones criminales y la recuperación del control territorial son responsabilidades del Estado, pero advirtió que esas acciones deben realizarse bajo estándares nacionales e internacionales de protección de derechos humanos.

Por ello, exigió transparencia sobre los acuerdos internacionales que habrían sustentado el operativo y garantías de que no se repitan patrones de actuación que, según la organización, han derivado en violaciones de derechos fundamentales en el pasado.