Caracas. La reestructuración de la deuda externa venezolana arrancó en medio de dudas por la falta de transparencia, la magnitud del pasivo y la presión de litigios internacionales. Economistas consultados advierten que el proceso no podrá avanzar sin una auditoría independiente y sin respaldo multilateral.
Una deuda entre $175.000.000.000 y $200.000.000.000
El anuncio de renegociación, hecho por Delcy Rodríguez, reactivó el interés de los acreedores internacionales sobre la deuda venezolana, que permanece en suspensión de pagos desde 2017. Según María Antonia Moreno, la deuda externa del país se ubicaría entre los $175.000.000.000 y $200.000.000.000, una cifra que supera varias veces el producto interno bruto anual.
Moreno sostuvo que el monto podría ser incluso mayor por la falta de claridad sobre las condiciones financieras de compromisos con Rusia y China. También advirtió que, sin una condonación parcial considerable, la renegociación sería inviable y podría profundizar la crisis económica.
Auditoría independiente y respaldo del FMI
Asdrúbal Oliveros señaló que el primer paso debe ser una auditoría independiente que precise el saldo real. Explicó que sus estimaciones ubican la deuda en $175.000.000.000, mientras que cálculos de Centerview Partners y la Casa Blanca la sitúan entre $240.000.000.000 y $300.000.000.000.
Oliveros afirmó que el respaldo de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) sería clave para dar credibilidad al proceso y recuperar el acceso a los mercados financieros globales. Añadió que Venezuela necesita reestructurar su deuda sin perder capacidad de crédito para invertir en producción petrolera y de gas, resolver la crisis eléctrica, elevar ingresos y controlar la inflación.
Una carga de $6000 por habitante
Leonardo Vera calculó que, por el nivel de sobreendeudamiento, el compromiso equivale a $6000 por cada venezolano. Dijo además que el monto ronda los $170.000.000.000 y que el país debe aplicar un programa de estabilización macroeconómica antes de definir su capacidad de pago.
Los especialistas coincidieron en que la negociación será compleja por la diversidad de acreedores y las restricciones legales existentes. Aun así, consideraron que la disposición de pago expresada por el Ejecutivo puede abrir una salida, siempre que exista planificación financiera y un marco institucional y político sólido.
