Expertos ponen en duda la cifra usada para respaldar el negocio petrolero entre Donald Trump y NABEP. Las reservas recuperables podrían ser mucho menores que las anunciadas.
Un nuevo cuestionamiento técnico puso bajo la lupa el acuerdo petrolero entre Donald Trump y North American Blue Energy Partners (NABEP), empresa dirigida por el empresario venezolano Alejandro Betancourt. Una investigación publicada el 22 de octubre por Associated Press advierte que los 65.000 millones de barriles de reservas probadas anunciados por Washington podrían no corresponder al volumen realmente recuperable.
La controversia alcanza la valoración de los 17 campos petroleros incluidos en la operación y reaviva las dudas sobre los beneficios económicos prometidos a Venezuela por Delcy Rodríguez.
Reservas probadas versus petróleo recuperable
Especialistas citados por Associated Press estiman que las reservas probadas de Venezuela podrían ubicarse entre 60.000 y 120.000 millones de barriles, muy por debajo de los más de 303.000 millones que el país declara oficialmente. Francisco Monaldi, experto petrolero de la Universidad Rice, calcula que entre 10.000 y 15.000 millones de barriles podrían clasificarse como reservas probadas a corto plazo dentro de las áreas incluidas en el acuerdo.
Luisa Palacios, expresidenta de Citgo e investigadora de la Universidad de Columbia, sostiene que, si los 65.000 millones anunciados representan petróleo originalmente almacenado en el subsuelo, el volumen recuperable podría caer a unos 6.500 millones de barriles bajo determinados supuestos técnicos.
Las dudas sobre las reservas venezolanas vienen de años atrás. A mediados de la década de 2000, el chavismo impulsó una revisión de los recursos de la Faja Petrolífera del Orinoco que elevó de forma considerable las cifras oficiales. En 2011, PDVSA reportó un aumento de unos 82.000 millones de barriles en sus reservas probadas, hasta cerca de 300.000 millones, tras revisar las tasas de recuperación.
Associated Press señala además que Ryder Scott, firma estadounidense contratada durante el gobierno de Hugo Chávez para estudiar la Faja, no avaló las estimaciones de reservas probadas elaboradas por las autoridades venezolanas. Los expertos explican que la existencia de petróleo en el subsuelo no significa que todo ese volumen pueda extraerse de manera comercial: influyen el crudo extrapesado, la infraestructura, los costos de producción y la inversión necesaria.
Las cifras oficiales se mantuvieron durante el gobierno de Nicolás Maduro y siguen siendo usadas por Delcy Rodríguez como referencia para presentar el potencial petrolero venezolano ante inversionistas internacionales.
Qué falta por aclarar del acuerdo
La administración de Donald Trump ha presentado el acuerdo con NABEP como una operación que permitirá controlar derechos vinculados a 65.000 millones de barriles de petróleo venezolano. Sin embargo, los especialistas citados por Associated Press advierten que los 17 campos incluidos tienen condiciones muy distintas: algunos muestran agotamiento productivo alto y otros siguen sin desarrollar, lo que exige inversiones importantes.
Las tasas de recuperación son otro punto central. Según los consultados, el promedio del petróleo venezolano podría rondar el 10 %, mientras que en la Faja del Orinoco oscilaría entre 5 % y 8 %. Esas cifras contrastan con los números oficiales y obligan a separar entre petróleo existente, reservas técnicamente recuperables y reservas probadas bajo criterios económicos y regulatorios.
La Casa Blanca no ha divulgado la metodología usada para calcular los 65.000 millones de barriles atribuidos al acuerdo. Tampoco se han publicado estudios técnicos detallados sobre cada uno de los 17 campos, por lo que no es posible fijar con precisión el volumen que podría extraerse comercialmente durante la vigencia del proyecto.
Los cuestionamientos técnicos cobran más peso tras la investigación de ProPublica publicada el 20 de octubre y examinada por Cuentas Claras Digital. Ese trabajo indicó que el acuerdo otorga derechos comerciales y mecanismos de protección a Estados Unidos y a los accionistas privados de NABEP, pero no fija una obligación contractual expresa que garantice los 200.000 millones de dólares en impuestos y regalías anunciados para Venezuela en 25 años.
Además, el contrato contempla que Estados Unidos adquiera el 35 % de la sociedad matriz de NABEP y acceso preferencial a parte de su producción petrolera. También incorpora mecanismos de gobierno corporativo que dificultan la destitución de Alejandro Betancourt como director ejecutivo.
Con esas piezas sobre la mesa, la discusión ya no gira solo en torno a quién controlará el negocio, sino también a la solidez técnica de las cifras usadas para justificar su valor económico y los ingresos prometidos.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
