El gobierno federal de Estados Unidos cerró su año fiscal 2026 este 30 de septiembre sin aprobar el presupuesto para el ejercicio 2027, una situación que podría afectar directamente a Venezuela. Una resolución temporal mantiene el financiamiento hasta el 11 de diciembre, pero el riesgo de un cierre administrativo persiste.

Un shutdown en Washington con eco en Caracas

La dependencia de Venezuela de las decisiones administrativas estadounidenses se ha intensificado en los últimos meses. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro, gestiona las licencias que autorizan operaciones en el país, desde inversiones hasta comercio. Una paralización de sus funciones podría retrasar la emisión o modificación de estos permisos, clave para el funcionamiento de sectores estratégicos.

Además, el Departamento del Tesoro controla los Fondos de Depósito del Gobierno Extranjero, donde se depositan los ingresos por la venta de petróleo venezolano. Según cálculos del Financial Times, estos fondos ascendieron a unos 13.000 millones de dólares en el primer semestre del año. Su transferencia al gobierno venezolano depende de trámites administrativos que podrían verse interrumpidos.

Presupuesto y deuda: el círculo vicioso que impacta a Venezuela

El déficit fiscal de Estados Unidos, estimado en 1,9 billones de dólares anuales, ejerce presión sobre los rendimientos de los bonos del Tesoro. Esto encarece el endeudamiento del gobierno federal y drena liquidez de economías emergentes como la venezolana, que busca retomar el financiamiento internacional.

El Departamento del Tesoro necesita emitir títulos de deuda de manera continua para cubrir sus obligaciones. La alta oferta de estos bonos exige mayores retornos, lo que eleva las tasas de interés soberanas y dificulta el acceso al crédito para países como Venezuela, que negocia la refinanciación de su deuda externa.

El cierre del año fiscal no implica un cambio inmediato en el funcionamiento del gobierno estadounidense, gracias a la extensión temporal aprobada por el Congreso y promulgada por Donald Trump. Sin embargo, para Venezuela, esta situación abre una nueva etapa de negociaciones en Washington, donde estarán en juego no solo los recursos para la presencia diplomática, sino también las autorizaciones de la OFAC, la administración de los ingresos petroleros y las condiciones para recuperar el acceso al financiamiento internacional.