Delcy Rodríguez celebró este viernes la aprobación unánime del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de un nuevo marco de cooperación con Venezuela y lo presentó como el inicio de una «nueva etapa» de relacionamiento internacional, asistencia técnica y apoyo a los sectores público y privado.

En un comunicado, la dirigente chavista enmarcó la decisión en lo que llamó una «diplomacia de logros concretos» orientada a la recuperación económica, la mejora de los servicios públicos y el bienestar de la población. El texto, sin embargo, no menciona la deuda con el organismo ni fija plazos para nuevos desembolsos.

Un plan transitorio para retomar la relación

La junta directiva del BID aprobó una nota de compromiso de país, el primer plan formal del banco para retomar operaciones en Venezuela desde que suspendió los nuevos préstamos en mayo de 2018.

No se trata de un crédito, sino de una versión más corta y transitoria de la estrategia de país convencional, pensada para guiar la actividad del banco hasta que pueda prepararse una completa.

El documento prioriza la rehabilitación del sector eléctrico, la mejora de los servicios sociales para los grupos vulnerables, incluida la protección social y la seguridad alimentaria, y la reconstrucción tras los terremotos de junio.

La deuda de 2.300 millones sigue pendiente

La última estrategia de Venezuela con el BID cubrió de 2011 a 2014. Las reglas de la entidad impiden conceder préstamos y garantías a los miembros que no tienen una vigente.

Al 30 de septiembre, el país debía al banco 2.300 millones de dólares en capital e intereses vencidos, y las normas prohíben nuevos préstamos mientras esa deuda no se salde. La nota aprobada no la cancela.

En ese contexto, el presidente del BID, Ilan Goldfajn, había buscado apoyo para un crédito de 2.500 millones de dólares para Venezuela, mientras algunos miembros de la junta expresaban resistencia, según se informó previamente.

La aprobación llega además después de que esta semana los diputados venezolanos aprobaran una reforma de la ley eléctrica que abre el sector a la inversión privada tras casi dos décadas de control estatal.