El club inglés fue declarado culpable de incumplir reglas económicas de la Premier League durante casi una década, con posibles multas, deducción de puntos o expulsión.
El Manchester City fue declarado culpable de infringir sistemáticamente las normas financieras de la Premier League durante casi una década, según un veredicto emitido por una comisión disciplinaria independiente. El fallo abre la puerta a sanciones como multas, deducción de puntos o incluso la expulsión de la competición.
El club, que rechaza el veredicto, anunció que apelarán la decisión para defender su inocencia.
El club apelarán el fallo
El Manchester City insistió en que es inocente de las acusaciones y que cuenta con pruebas irrefutables para respaldar su postura. En un comunicado, el club aseguró que actuará con firmeza en todos los foros regulatorios y legales pertinentes.
Para interponer el recurso, el club debería enviar un correo al presidente del panel de la comisión independiente, quien designaría una nueva junta de apelación. Esta junta programaría una audiencia que no podría exceder los cinco días consecutivos y debería concluir en un plazo de 12 semanas tras la presentación de la apelación.
Sanciones posibles: desde multas hasta la expulsión
La sanción al Manchester City se definirá en una audiencia confidencial aparte. La Premier League no aclaró si las penalizaciones podrían aplicarse antes de resolver la apelación, pero subrayó que busca concluir el proceso «lo antes posible».
Las opciones de castigo incluyen amonestaciones, multas, suspensiones, deducción de puntos o la expulsión de la competición. Aunque clubes de ligas inferiores han sido expulsados en Inglaterra, nunca ha ocurrido en la Premier League.
En caso de expulsión, el club podría solicitar su ingreso en la English Football League (EFL), que gestiona las divisiones inferiores. El reglamento de la EFL establece que un club expulsado de la Premier League podría ser admitido en la League Two.
La mayor deducción de puntos aplicada en la Premier League fue de 10 puntos al Everton en 2023 por exceso de gasto en un período de tres años. Tras una apelación, la sanción se redujo a seis puntos. Las infracciones del Manchester City, sin embargo, son más generalizadas e incluyeron la negativa a cooperar.
Intervención de un regulador independiente
El Regulador Independiente del Fútbol (IFR), creado por el gobierno británico para establecer estándares de gobernanza en el fútbol inglés, podría intervenir en el caso. Este organismo, independiente de las autoridades del fútbol, tiene la facultad de evaluar la idoneidad de los propietarios, directores y ejecutivos de los clubes.
David Kogan, presidente del IFR, declaró que la decisión de la comisión independiente plantea «cuestiones serias» y que el regulador utilizará sus facultades para proteger la sostenibilidad y la integridad del fútbol inglés cuando existan pruebas claras de irregularidades.
Posibles demandas de indemnización
Aunque ningún club ha anunciado públicamente su intención de reclamar compensación, varios equipos podrían buscar asesoramiento legal. En 2024, el Everton fue condenado a pagar más de 35 millones de libras esterlinas al Burnley tras una reclamación exitosa por una deducción de puntos no aplicada a tiempo.
En el caso del Manchester City, los equipos punteros podrían argumentar que perdieron títulos o clasificaciones a la Liga de Campeones debido a la conducta del club. Los equipos más débiles, por su parte, podrían alegar que las derrotas ante el City contribuyeron a descensos o posiciones finales más bajas, afectando sus ingresos.
¿Cargos penales?
El caso del Manchester City es un procedimiento disciplinario, no penal. No obstante, algunos han sugerido que las autoridades británicas deberían investigar si hubo delitos como falsificación de cuentas o fraude.
Lord Cruddas, miembro conservador de la Cámara de los Lores, declaró a la BBC que, si se demostrara que se falsificaron cuentas o se engañó a auditores, podría tratarse de un delito. Según la Ley contra el Fraude de 2006, las personas podrían enfrentar penas de hasta 10 años de prisión por declaraciones falsas con intención de obtener un beneficio.
Hasta ahora, no se ha informado de ninguna investigación penal relacionada con el caso.
