Durante 27 años, el sector deportivo venezolano ha sido presentado como un espacio atravesado por la descomposición institucional, el manejo discrecional…
Durante 27 años, el sector deportivo venezolano ha sido presentado como un espacio atravesado por la descomposición institucional, el manejo discrecional de los recursos públicos y el deterioro de los programas dirigidos a atletas, entrenadores e instalaciones.
Desorden administrativo y control político
En ese período, la conducción del Ministerio del Deporte, el Instituto Nacional de Deporte (IND) y el Comité Olímpico Venezolano (COV) habría operado, según esta visión crítica, bajo una lógica de desorden administrativo que debilitó los controles de las finanzas públicas y facilitó la asignación de recursos sin supervisión suficiente.
La política deportiva también fue descrita como una estructura construida para comprometer a los funcionarios mediante la complicidad y para mover dinero estatal con criterios políticos, en lugar de aplicar mecanismos transparentes de gestión.
Contratos, obras y recursos desviados
Entre los señalamientos hechos al sector figuran la eliminación de las licitaciones públicas y la imposición de contrataciones directas en servicios de alojamiento, alimentación, uniformes y transporte. A esto se suma la denuncia de que la infraestructura deportiva se convirtió en un foco de sobrefacturación, especialmente en obras de construcción y reparación de estadios.
También se mencionan irregularidades en proyectos asociados a Juegos Nacionales y competencias internacionales, entre ellas el inconcluso Estadio Iberoamericano de Atletismo en Maracay y obras vinculadas a la Copa América de fútbol. De igual forma, se cuestiona la solicitud de sedes para Juegos Bolivarianos de Playa, Mundial de Softbol Femenino y Juegos del ALBA con el objetivo de apropiarse de recursos asignados.
Otro de los puntos señalados es el uso de mecanismos cambiarios a través de CADIVI mediante expedientes presuntamente falsificados para acceder a dólares preferenciales. Esos recursos, de acuerdo con esta denuncia, habrían terminado en cuentas privadas y no en el desarrollo deportivo.
Impacto sobre atletas y entrenadores
La crítica se extiende al trato dado al talento humano del deporte. Atletas y entrenadores habrían quedado sin un programa integral de asistencia que garantizara becas, atención médica, transporte y alimentación.
Además, se denuncia el congelamiento de contratos colectivos desde el año 2000, salarios bajos, pensiones sin homologar, el cierre de la Escuela de Entrenadores y pólizas de HCM con coberturas insuficientes. En ese contexto, también se afirma que existe una marcada diferencia salarial entre el personal nacional y los asesores cubanos.
Instalaciones deterioradas y naturalización exprés
La suspensión de los Juegos Nacionales y el abandono de gimnasios en mal estado forman parte del cuadro descrito para justificar el uso de atletas extranjeros en selecciones nacionales. Como ejemplo, se cita la conformación del equipo de softbol femenino con cuatro jugadoras estadounidenses y una mexicana mediante un mecanismo de naturalización exprés.
Asimismo, se atribuye a Héctor Rodríguez la eliminación de las reuniones del Directorio del IND, lo que habría dejado bajo su control la administración de los recursos del Fondo Nacional del Deporte. Bajo ese esquema, se sostiene que más de 300 millones de bolívares aportados por empresas privadas fueron distribuidos de manera discrecional.
Propuestas para una reforma del sistema
Frente a ese escenario, se plantea la necesidad de un cambio de gobierno, nuevos planes y programas para restituir los Juegos Nacionales, un programa de asistencia social para atletas y entrenadores, el fortalecimiento de la autonomía del deporte federado, la recuperación de instalaciones y una ley que limite la dualidad de cargos y prohíba la reelección indefinida.
También se propone impedir que funcionarios de libre nombramiento y remoción ocupen posiciones en la dirigencia deportiva, establecer un acuerdo con el sector universitario para formar entrenadores, garantizar transparencia en el Fondo Nacional del Deporte, descentralizar el programa Deporte para Todos y asignar un presupuesto acorde con las necesidades del sector.
La conclusión es que el deporte venezolano requiere limpiar su administración, recuperar los recursos para las canchas y dejar atrás un modelo de gestión señalado por corrupción, abandono y opacidad.
