Un asesinato y un ataque con explosivos elevaron la tensión en la frontera con Táchira. Comerciantes y voceros pidieron más seguridad antes de la temporada decembrina.
El asesinato del exsecretario de Gobierno de la alcaldía de Cúcuta, Miguel Castellanos, la noche del lunes, y el atentado con explosivos ocurrido la mañana de este martes cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander, que conecta a Táchira con Colombia, reavivaron la preocupación por la inseguridad en la zona y por sus efectos sobre la movilidad y el comercio fronterizo.
Comerciantes piden más presencia estatal
Tras los hechos registrados entre lunes y martes, representantes del sector empresarial y voceros políticos condenaron la violencia y reclamaron mayor presencia del Estado, al tiempo que insistieron en recuperar la confianza de los habitantes de ambos lados de la frontera.
Sergio Hernando Castillo Galvis, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta, quien estuvo este martes en Táchira, dijo que estos episodios generan incertidumbre entre los comerciantes y pueden afectar la llegada de compradores tachirenses.
Castillo indicó que la institución presentó al Gobierno colombiano el documento Decálogo hacia una frontera milagro, en el que plantean combatir la inseguridad y promover el desarrollo económico para dinamizar la región.
También pidió reforzar la presencia de la fuerza pública de cara a la temporada decembrina, cuando esperan mayor afluencia de compradores venezolanos. «Hechos como los de anoche y los de hoy requieren mayor fortaleza», afirmó.
Por su parte, el abogado venezolano y experto en relaciones binacionales Hugo Quintero condenó los ataques y respaldó la nueva política de seguridad del Gobierno colombiano. Aseguró que la ausencia de organismos de seguridad en la frontera durante los últimos años habría favorecido la presencia de grupos armados ilegales.
Quintero sostuvo que el Gobierno colombiano encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, junto con el ministro de Defensa, el general Jorge Mora, busca recuperar el control estatal en los más de 2.200 kilómetros de frontera compartidos por Colombia y Venezuela.
Además, afirmó que el nuevo plan de seguridad está orientado a restablecer el orden público y llevar ante la justicia a los responsables de los hechos violentos. Reconoció que estos episodios generan temor y pueden alejar a los compradores venezolanos de Norte de Santander, pero pidió confianza a las comunidades fronterizas.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
