Un estudio del Miranda Center sostiene que decisiones diplomáticas de Bogotá debilitaron la presión internacional sobre Venezuela tras las elecciones del 28 de julio de 2024.
Un informe del Miranda Center for Democracy sostiene que la administración de Gustavo Petro ayudó, por acción u omisión diplomática, a sostener la permanencia de Nicolás Maduro tras las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio de 2024.
Las decisiones que cuestiona el estudio
El documento, titulado Laundering Maduro’s Legitimacy, examina la relación entre Bogotá y Caracas desde el restablecimiento de los vínculos en agosto de 2022 hasta la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026. Su tesis principal es que Colombia no necesitaba reconocer de forma expresa la victoria proclamada por el Consejo Nacional Electoral para terminar favoreciendo políticamente al chavismo.
Entre los primeros episodios que destaca está el silencio de Petro durante unas 55 horas después de que Elvis Amoroso anunciara el supuesto triunfo de Maduro con el 51,2 % de los votos, sin publicar las actas electorales. En contraste, los documentos difundidos por la oposición atribuían alrededor del 67 % de los sufragios a Edmundo González Urrutia y el 30 % al candidato chavista.
La investigación también señala como momento clave el 31 de julio de 2024, cuando Colombia se abstuvo en una votación del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que exigía publicar de inmediato los resultados desglosados por centro de votación. La propuesta obtuvo 17 votos favorables, uno menos de los 18 necesarios para ser aprobada. Brasil también se abstuvo y México no votó.
Comunicados, ONU y vínculos políticos
Después de esa sesión, Bogotá participó junto con Brasil y México en dos comunicados sobre la crisis venezolana. El primero, difundido el 1 de agosto, reclamaba resultados detallados por mesa electoral. El segundo, del 8 de agosto, pedía una verificación imparcial y llamaba a la moderación de los actores políticos y sociales, cuando ya se habían registrado más de 2.000 detenciones tras las protestas.
El informe añade que Petro mencionó a Venezuela de forma indirecta en su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en septiembre de 2024, al referirse a las sanciones económicas. Meses más tarde, decidió no asistir a la investidura de Maduro en enero de 2025, aunque mantuvo las relaciones diplomáticas y envió a su embajador a la ceremonia.
Para explicar esa conducta, el Miranda Center identifica tres factores: afinidad ideológica, proyectos energéticos con Petróleos de Venezuela y la política de “Paz Total”. Según el estudio, Petro impulsó posibles negocios entre Ecopetrol y Petróleos de Venezuela, mientras Caracas actuaba como garante de las negociaciones colombianas con el Ejército de Liberación Nacional.
El capítulo más delicado, según los investigadores, fue precisamente el vínculo con los grupos armados. El informe cita datos de inteligencia colombiana según los cuales 1.276 de los 6.158 integrantes del ELN operaban en territorio venezolano durante 2024. Esa presencia, sumada a la de disidencias de las FARC, habría dado al chavismo margen de influencia sobre una de las apuestas centrales de Petro.
La Cancillería colombiana, en un comunicado oficial del 31 de julio de 2024, defendió la abstención en la OEA al considerar que ese foro no era el escenario adecuado para tratar la crisis venezolana y al insistir en una salida basada en el diálogo, la no injerencia y la verificación electoral.
En sus conclusiones, el Miranda Center sostiene que la conducta de Bogotá respondió más a una orientación política que a un plan deliberado. También recomienda que Colombia apoye una transición constitucional en Venezuela, la participación de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, y la realización de elecciones libres.
Contenido redactado con asistencia de un LLM.
