El Gobierno de Colombia revocó la resolución 0961 de 2026, que ordenaba proteger más de 48 millones de hectáreas de la Amazonía frente a nuevas actividades de megaminería y explotación de hidrocarburos. La decisión abrió reparos de organizaciones ambientales y especialistas, que la leen como una señal contradictoria para la protección del bioma.
El Ministerio de Ambiente justificó la revocatoria en la falta de consulta previa a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, y sostuvo que la medida anulada generaba incertidumbre económica y territorial. En su comunicado, el ministerio explicó que la decisión responde a la necesidad de garantizar participación de esos pueblos en el proceso de consulta.
Las alertas sobre la Amazonía colombiana
El informe conjunto de Earth Insight, el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible y la OPIAC advierte que en la Amazonía colombiana hay 14 millones de hectáreas de bloques petrolíferos y gasíferos, equivalentes al 28 % de la región en suelo colombiano. De ese total, ocho millones de hectáreas se traslapan con bosques intactos.
Raphael Hoetmer, director del Programa Amazonía Occidental de Amazon Watch, afirmó que la revocatoria puede leerse como un respaldo a proyectos petroleros y mineros en la región. “Probablemente la medida no fue una protección del todo lo efectiva y la revocación tampoco lo es, pero a nivel político fue extremadamente importante y la revocación también lo es”, dijo.
Fabio Arjona, ministro de Ambiente de Colombia, sostuvo en un video que la protección de la Amazonía no comenzó con la resolución ahora revocada y que más del 75 % del bioma ya cuenta con esquemas de protección, entre ellos territorios indígenas, parques nacionales y otras medidas de conservación. También aseguró que la anulación no implica conceder licencias ni títulos mineros.
Juan David Varela, coordinador del laboratorio sociojurídico para la innovación de la Fundación GAIA Amazonas, señaló que la decisión debilita el marco de protección ambiental, aunque advirtió que el papel no garantiza por sí solo la contención de la minería ilegal ni de otras presiones extractivas que ya afectan la región.
Earth Insight también cuestionó que el Gobierno alegue falta de consulta previa mientras impulsa cambios en la reglamentación de ese mecanismo. La organización sostuvo que el mensaje enviado a la comunidad internacional contradice los compromisos de Colombia con la protección del 30 % del planeta para 2030 y con la transición fuera de los combustibles fósiles.
La misma organización llamó al Gobierno colombiano a restablecer una protección efectiva frente a nuevas actividades extractivas en la Amazonía y a completar los procesos de consulta previa con las poblaciones afroamazónicas.
