“La migración forzada es un problema de DDHH”: Amnistía Internacional

La histórica diáspora que protagoniza Venezuela, con 3,7 millones de personas que abandonaron el territorio, “es una consecuencia de la grave crisis de derechos humanos (…) la gente sale porque su proyecto de vida básico es completamente imposible”, sentenció la directora adjunta para Las Américas de Amnistía Internacional (AI), Carolina Jiménez.

Desde México, la internacionalista venezolana,  habló sobre la transformación del país que, de ser receptor, se convirtió en ‘expulsor’ de sus ciudadanos; un fenómeno peculiar que se acentúa con eventos detonantes como el colapso eléctrico que padece el Zulia.

Considera prioritaria la mejora de los proyectos de recepción por parte de la comunidad internacional, así como el trabajo de las naciones que adoptan a los criollos. “Tienen que realizar grandes inversiones e ingeniar planes para acoger a esta población y, además, regularizarla; darle su estatus de refugiado a quienes lo soliciten o algún otro tipo de protección complementaria”. 

Venezuela era reconocida por recibir a extranjeros, ahora sucede lo contrario. ¿Cómo evalúa la situación?

—El país fue por muchos años el segundo receptor de migración en Suramérica. Llegó gente de Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Argentina, Chile, olas de europeos huyendo de la Segunda Guerra Mundial o de conflictos civiles (…) Verlo convertirse, en pocos años, en un lugar de expulsión de sus ciudadanos es un fenómeno poco visto en nuestra región. Se van millones de personas porque su calidad de vida se ha vuelto invivible (…) La migración forzada es una consecuencia de la grave crisis de derechos humanos que existe. 

Entonces, los venezolanos han perdido las garantías fundamentales para permanecer en esta nación…

—Hay una gran afectación a sus DD HH y su dignidad. Estar en Venezuela implica que no pueden ejercer derechos tan elementales como la alimentación, la salud e, incluso, la integridad física (…) El proyecto de vida básico al que aspira el ser humano ya no puede ser realizado en su comunidad. 

La ONU reportó 3,7 millones de migrantes y estimó que podría escalar a 5,3 millones para finales de año, ¿esta cifra podría ser mayor?

—La crisis se caracteriza no solo por magnitud sino por celeridad. Han salido muchísimos habitantes y a una velocidad que es mayor a la de otros flujos migratorios. A esas dos características agrego  que en este proceso diario veremos ‘picos’: eventos que acentúan la salida y que la aumentan por períodos determinados. 

Quiere decir que el colapso de electricidad que mantiene en ‘castigo’ al Zulia es uno de esos detonantes…

—El estallido de la crisis eléctrica es, muy probablemente, uno de esos ‘picos’ (…) Se trata de una población en la que ese problema se volvió crónico, acentuado y genera incapacidad, inviabilidad de las metas personales. Lo más lógico es que los zulianos se vean forzados a adelantar sus planes migratorios o a armarlos, si no los tenían.  

Cada vez es más común ver viajeros que emigran de forma improvisada. ¿A qué riesgos se enfrentan?

—Había una analista que decía que esta se ha convertido en la migración del desespero. Muchos ya no planifican, no ahorran para irse (…) La gran mayoría que sale tiene necesidad de protección internacional y esto preocupa mucho porque llegan a esos países destino sin ningún tipo de ‘colchón’; muchas veces, sin redes de protección, sin oportunidades formales de empleo y caen en situaciones de vulnerabilidad muy preocupantes. Tratan de dejar su lugar de origen para poder tener un plan de vida y llegan a otro que no necesariamente tiene políticas de recepción y de acogida bien establecidas.

¿Cuáles son esas naciones con menos capacidad de acogida?

—Una de nuestras principales preocupaciones es la situación de las islas del Caribe, que es totalmente invisible. Sabemos de venezolanos que se están yendo a esos destinos solo en los momentos de tragedias ocurridas por naufragios. Lo cierto es que en esos países hay muy pocos programas de apoyo. De hecho, sacamos un informe condenando a Curazao por la política que tienen de encarcelar a muchos venezolanos, tienen celdas apartes para ellos (…) Trinidad y Tobago también sigue criminalizando la migración con las detenciones. Mientras que en República Dominicana hay pocas posibilidades para regularizar el estatus. Todos reciben cada vez más personas, pero lamentablemente tienen leyes que no responden a los estándares internacionales de los DD HH.  

¿A qué países se les puede dar puntos positivos en el recibimiento de viajeros provenientes de Venezuela?

—Las Naciones Unidas y muchas organizaciones de la sociedad civil han estado moviendo planes de recepción para los venezolanos que lleguen a Colombia, que es el país vecino que más acoge refugiados de Venezuela, pero también a Perú, Ecuador, Chile, incluso, Brasil, para que puedan tener, por lo menos, un ‘colchón’ inmediato de instalación inicial. Ya vimos, en el lado colombiano, que se han instalado pequeños centros de refugiados con carpas que permiten que una familia pueda dormir varios días. Vemos lo mismo en la frontera con Brasil (…) Por ejemplo, Perú y Chile han hecho  esfuerzos por aumentar la capacidad para recibir solicitudes de asilo. Esos son pequeños pasos (…) Debemos reconocer que los retos de estos países son muy grandes porque no están acostumbrados a recibir 300 mil, 400 mil o 1 millón de personas en su territorio, eso hay que comprenderlo. 

Frente al incremento del flujo migratorio, ¿Cuál es el reto de la región?

—La comunidad internacional tiene que escalar esos proyectos en los que se reciben familias venezolanas y se les da cierto tipo de apoyo para que comiencen su vida. De hecho, hay un plan de Naciones Unidas que busca tener más financiamiento para esto. Por otra parte, los propios países receptores deben realizar grandes inversiones, ingeniar planes para poder acoger a esta población y, además, regularizarla; darle estatus de refugiado a quienes lo soliciten o algún otro tipo de protección complementaria.

Partiendo de su experiencia en temas de derechos humanos para los migrantes, ¿qué les recomienda a quienes se fueron o se irán del país?

—Toda persona tiene derecho a tomar esa decisión. La migración es un derecho. Si deciden salir, sepan que en el país a donde van también son sujetos de derecho. El hecho de que salgan sin documentos o sin dinero, no implica que lleguen a un nuevo lugar y no tengan oportunidades. Muy por el contrario, tienen derechos bajo las leyes internacionales de protección, porque, muy probablemente, esa persona que salió es una refugiada dada la situación de violaciones masivas de los DD HH que ocurre en Venezuela; puede y debe ser reconocida como tal. Además, deben ser respetuosos de las leyes locales y, en la medida de lo posible, comenzar procesos de integración con esas comunidades que las adoptan.

Al Gobierno nacional, ¿qué tarea le corresponde?

—En Venezuela tienen que reforzarse los mecanismos de cooperación internacional para proveer apoyo humanitario. Esto debe hacerse con los protocolos correspondientes, con las organizaciones especializadas en la materia. Es demasiado claro que el país lo necesita.  Lamentablemente, hasta hace poco, las autoridades que responden al Gobierno negaron, de manera enfática, que hubiese una crisis y la realidad los rebasó. El país está recibiendo, por primera vez, ayuda humanitaria coordinada por la Cruz Roja porque es innegable que esta crisis afecta a millones de ciudadanos. Es un primer paso, pero se requiere apoyo y un buen estudio sobre cuáles son las poblaciones más vulnerables y con más nivel de riesgo para que esa colaboración llegue a los más necesitados.