Emtrasur amenaza con acciones judiciales por avión decomisado en Argentina
La aerolínea venezolana Emtrasur, filial de Conviasa, ha anunciado su intención de emprender acciones judiciales tras el decomiso del avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires desde junio de 2022, y solicitado por Estados Unidos.
La empresa ha manifestado su reserva para ejercer acciones judiciales por daños al patrimonio de la empresa, violación de los derechos humanos y del convenio sobre la Aviación Civil Internacional. Este comunicado fue difundido por autoridades venezolanas a través de la red social X.
Rechazo a la decisión del juez argentino
Emtrasur ha rechazado y condenado la decisión del juez federal argentino Federico Villena, quien atendiendo a la solicitud formulada por la Corte del Distrito de Columbia (Estados Unidos) en octubre de 2022, ordenó la confiscación del avión debido a supuestos vínculos con el terrorismo internacional.
La empresa considera la decisión como «arbitraria» y el «secuestro de la aeronave», violando tanto los derechos humanos como el debido proceso en cumplimiento de regulaciones internacionales.
Solicitud a las autoridades aeronáuticas internacionales
Emtrasur ha instado a las autoridades aeronáuticas internacionales a no otorgar autorización de sobrevuelo ni escala técnica a este avión, considerándolos participes del presunto robo de un bien legítimo de la empresa de transporte de carga aérea venezolana.
Detalles sobre el avión y la situación de la tripulación
El avión en cuestión es un Boeing 747 Dreamliner de carga, propiedad originalmente de la empresa iraní Mahan Air y actualmente perteneciente a Emtrasur, empresa sancionada por el Departamento del Tesoro de EE. UU., al igual que Conviasa.
La tripulación, compuesta por cinco iraníes y catorce venezolanos, fue inicialmente retenida y posteriormente puesta en libertad por el juez Villena debido a la falta de evidencia en su contra.
Base legal para el decomiso
La decisión de decomisar y entregar a EE. UU. el avión se fundamentó en un dictamen de la fiscal argentina Cecilia Incardona y del director general de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General, Diego Solernó, quienes estimaron la procedencia de la petición de decomiso con base en un tratado suscrito por Argentina y EE. UU. que incluye la cooperación en la ejecución de solicitudes de registro, embargo y secuestro.
