El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), a través de su seccional en el Distrito Capital, manifestó su respaldo al pronunciamiento de la seccional Monagas – Delta Amacuro ante las restricciones impuestas a la cobertura periodística en la región oriental del país. El gremio capitalino rechazó las medidas institucionales que condicionan el trabajo de los comunicadores sociales en las zonas afectadas por la reciente emergencia sísmica.
Denuncia de censura previa
La seccional caraqueña denunció que la exigencia de realizar notificaciones previas a entes gubernamentales para entrevistar a ciudadanos damnificados por los terremotos representa un intento de censura previa. Según el gremio, las autoridades justifican estas medidas bajo el argumento de proteger la salud mental de las víctimas, lo cual constituye una vulneración a las garantías constitucionales del libre ejercicio periodístico.
Por su parte, la Junta Directiva del CNP en la seccional Monagas – Delta Amacuro emitió un comunicado oficial desde Maturín, fijando postura frente a las directrices de las autoridades civiles y militares de la zona. El documento sostiene que prohibir o restringir las entrevistas a los afectados es una violación al derecho humano y constitucional de informar y estar informado, especialmente en situaciones de vulnerabilidad donde la visibilidad de las víctimas es fundamental para la ayuda humanitaria y la contraloría social.
Marco legal y exigencias gremiales
La organización gremial recordó que el ejercicio de la prensa está amparado por el marco jurídico vigente, fundamentado en garantías constitucionales como el artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que prohíbe la censura, y el artículo 58, que defiende una comunicación libre y plural. Asimismo, se invocaron los artículos 5 y 8 de la Ley del Ejercicio del Periodismo, referidos al acceso a las fuentes y el secreto profesional, además del Código de Ética del Periodista Venezolano.